Cuando el poder quiere decidir lo que pensamos

Claudia Sheinbaum ha anunciado que abrirá la discusión sobre la regulación de las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

La propuesta llegará acompañada de argumentos atendibles, como proteger a los menores de edad, combatir el fraude y contener el acoso. Son objetivos razonables.

Lo que deja de ser razonable es olvidar que el gobierno que pretende regular ese espacio es exactamente el mismo gobierno que todos los días es cuestionado y denunciado en esos espacios.

La pregunta es quién debe establecer las reglas cuando el Estado es juez, cómplice y parte, y hasta dónde puede llegar cuando la conversación pública termina mostrando sus deficiencias y excesos.

Ninguna democracia madura entrega esa respuesta con ligereza, porque sabe que entre perseguir un delito y administrar la opinión pública existe una frontera muy delgada que, una vez cruzada, rara vez vuelve a su sitio.

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¿Qué es la libertad de expresión?

La libertad de expresión suele entenderse como el derecho a decir lo que uno piensa, cuando en realidad protege algo mucho más profundo: el proceso mediante el cual una persona observa la realidad,escucha versiones distintas, compara evidencias y forma una idea propia.

John Stuart Mill advirtió hace más de un siglo y medio que silenciar una opinión equivale a asumir que alguien posee toda la verdad.

Ningún gobierno puede hacerlo, aunque tenga mayoría. Incluso una idea equivocada cumple una función pública porque obliga a poner a prueba aquello que creemos cierto; sin esa confrontación, la verdad deja de ser una convicción razonada y termina convirtiéndose en un dogma repetido por costumbre.

Ése es precisamente el punto en el que la discusión deja de ser tecnológica y se convierte en política.

El gobierno de Claudia Sheinbaum no participa en ella como árbitro distante. Es un gobierno que comunica durante horas cada mañana, desacredita investigaciones incómodas y sostiene con frecuencia que buena parte de las críticas responde a intereses políticos o económicos.

Al mismo tiempo, concentra una mayoría legislativa suficiente para modificar instituciones, ha visto desaparecer organismos autónomos que antes funcionaban como contrapeso y retoma una discusión que ya había surgido con las propuestas de Ricardo Monreal para ampliar la supervisión estatal sobre las plataformas digitales.

Además, claro, de la afinidad de la fiscalía y del Poder Judicial con el proyecto político de la mayoría.

Todo ello revela una manera clara de entender el poder, una forma de concebir la relación entre el Estado y la ciudadanía que deja de ver a la sociedad como un conjunto de individuos capaces de pensar por cuenta propia y comienza a hablar de "el pueblo" como si existiera una sola voluntad, una sola interpretación de la realidad y, naturalmente, un solo intérprete autorizado para expresarla.

Ésa ha sido siempre la lógica del populismo: sustituir la pluralidad de la ciudadanía por una masa a la que el poder atribuye una sola voluntad.

¿Cuál es la diferencia entre democracia y populismo?

La democracia acepta que la ciudadanía discrepe, pues supone que nadie posee el monopolio de la verdad.

El populismo, en cambio, transforma la discrepancia en sospecha. Si el gobierno representa al pueblo, quien cuestiona al gobierno deja de ser simplemente un adversario político y puede convertirse en enemigo del pueblo, en propagador de noticias falsas, en defensor de intereses extranjeros o en integrante de una conspiración permanente.

Poco a poco, el debate deja de girar en torno a los hechos y empieza a centrarse en las intenciones atribuidas a quien los expone.

Por eso, el colectivismo resulta tan funcional para cualquier proyecto de concentración política.

La persona concreta, con sus dudas, contradicciones y derecho a equivocarse, pierde importancia frente a una causa superior que pretende hablar en nombre de todos.

La pregunta deja de ser si un hecho ocurrió realmente y pasa a ser si conviene difundirlo. La verdad deja de medirse por su correspondencia con la realidad y comienza a valorarse por su utilidad política.

Hannah Arendt comprendió que ése era el mecanismo más eficaz del autoritarismo moderno. No hacía falta convencer a toda la sociedad de una mentira específica. Bastaba con erosionar la confianza en que la verdad pudiera conocerse.

Cuando cualquier dato puede descalificarse como propaganda, cualquier investigación puede convertirse en una operación política y cualquier periodista puede ser presentado como parte de una campaña organizada, el ciudadano termina exhausto.

Ya no compara evidencias; simplemente se refugia en la versión que confirma las lealtades de su tribu. México empieza a acumular demasiados episodios como para tratar este debate como una simple actualización tecnológica.

El caso Nódica en Puebla

El caso de Nódica en Puebla, investigado como un mecanismo para orientar y verificar interacciones de servidores públicos en favor del gobierno del estado, ofrece una señal difícil de ignorar; basta revisar sus publicaciones para advertir la abundancia de elogios procedentes de cuentas vinculadas con el gobierno.

A ello se suman las iniciativas para controlar la conversación digital, el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca, después de haber responsabilizado públicamente al gobernador Salomón Jara y a otros funcionarios si algo le ocurría, la violencia persistente contra periodistas en Veracruz y la cautela del gobierno mexicano frente al endurecimiento autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua.

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En conjunto, describen un clima en el que disentir resulta cada vez más costoso y en el que el poder parece sentirse cada vez menos cómodo con una sociedad que conserve plena autonomía para juzgarlo.

La censura contemporánea tampoco necesita reproducir los métodos del siglo pasado.

No hace falta clausurar periódicos, encarcelar opositores o prohibir libros cuando basta con generar miedo, desacreditar sistemáticamente al crítico, multiplicar la propaganda oficial, concentrar recursos públicos y hacer que cada periodista, empresario o funcionario empiece a calcular las consecuencias personales de decir aquello que incomoda al gobierno.

La autocensura ha sido más eficaz que la censura abierta porque es silenciosa, deja menos víctimas visibles y produce el mismo efecto.

Por supuesto que los delitos digitales deben perseguirse, pero lo que una democracia no debería aceptar es que el Ejecutivo termine definiendo qué información resulta suficientemente verdadera, suficientemente responsable o conveniente para circular en el espacio donde los ciudadanos forman su opinión sobre ese mismo Ejecutivo.

Ningún gobierno puede convertirse al mismo tiempo en protagonista de la conversación pública y en árbitro de las reglas que la rigen.

Al final, la discusión ni siquiera trata de las redes sociales. Trata sobre algo mucho más antiguo y mucho más importante: el derecho del individuo a formar un juicio independiente sin que el poder seleccione previamente aquello que puede conocer, creer o discutir.

Una democracia empieza a debilitarse mucho antes de que desaparezcan las elecciones o los periódicos; comienza a hacerlo cuando el poder deja de confiar en el criterio de los ciudadanos y decide que también debe orientar su conciencia.

La primera libertad que se pierde nunca es la de hablar. Siempre es la de pensar.