Miércoles 29 de Julio de 2026 |
Hace dos años, Puebla dio un paso histórico al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Fue una decisión trascendental porque dejó de colocar a las mujeres frente al riesgo de la criminalización por ejercer una decisión sobre su propio cuerpo. Sin embargo, dos años después, ¿qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres poblanas desde entonces? La respuesta, según el estudio “Hallazgos estatales: Puebla”, elaborado por la investigadora Diana Sarahy Guarneros, de REDefine Puebla, es tan esperanzadora como desafiante. Los avances existen. Hoy hay más información disponible, más instituciones que ofrecen servicios y un marco jurídico distinto al que existía antes de julio de 2024. Pero la investigación también muestra que la despenalización, por sí sola —como muchas feministas lo habían señalado—, no elimina las barreras que enfrentan quienes buscan acceder a un aborto seguro. Persisten desigualdades territoriales, falta de información clara, obstáculos administrativos, diferencias en la disponibilidad de servicios entre municipios y retos relacionados con la capacitación del personal de salud. En otras palabras, el derecho existe, pero no siempre puede ejercerse en igualdad de condiciones. De acuerdo con la investigación, Puebla registra una tasa de apenas 58 servicios de aborto por cada 100 mil mujeres en edad reproductiva, una cifra inferior a la observada en entidades donde el acceso se ha consolidado con mayor rapidez. La investigación también documenta obstáculos persistentes: servicios concentrados en pocas unidades médicas, diferencias territoriales, falta de información accesible y barreras administrativas que dificultan ejercer un derecho reconocido por la ley. Y quizá ahí esté la principal enseñanza de estos dos años. En México, solemos celebrar las reformas como si fueran el punto de llegada, cuando, en realidad, son el punto de partida. Cambiar una ley puede tomar meses; transformar instituciones, prácticas médicas y condiciones de acceso requiere años de trabajo constante. Por eso, el aniversario de la despenalización no debería servir únicamente para recordar una votación histórica. Debería ser una oportunidad para evaluar qué está funcionando, qué sigue pendiente y cómo garantizar que el lugar donde vive una mujer, su nivel de ingresos o su condición social no determinen el acceso a un derecho reconocido. Dos años después, Puebla ya dio el primer paso. El desafío ahora es que la despenalización deje de ser únicamente un cambio en el Código Penal y se convierta, para todas las mujeres, en un derecho que pueda ejercerse de manera segura, oportuna y sin obstáculos. Porque las leyes abren la puerta. Pero son las instituciones las que deben garantizar que nadie se quede del otro lado. Aborto seguro, libre y accesible.
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