“En camisa de once varas”

Este dicho popular, sinónimo de ganarse dificultades de forma gratuita, nos ayuda a perfilar algunos hechos de los últimos días.

Esa tentación de censura que ha sucedido en todas las épocas una vez más se repite vía la riesgosa propuesta presidencial de lineamientos del "derecho de las audiencias" —en proceso de consulta pública— presentada por la presidenta de la República, en voz de su consejera jurídica, para regular informaciones falsas, garantizar el derecho de réplica, entre otros aspectos.

En gobiernos anteriores hubo reformas a distintas regulaciones de las que resultaron Códigos de Ética, defensorías de audiencias y garantías del derecho de réplica, con mayores certezas de aplicación que las que se tienen ahora, derivado de que esta responsabilidad recaía en instituciones autónomas como el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fueron eliminadas con la excusa de una simplificación administrativa.

Ahora dependen del gobierno federal, a través de una Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones, que depende de la Presidencia de la República; de ahí la desconfianza sobre su independencia y neutralidad, incluso desde la presentación de esos lineamientos, que realizó la consejera jurídica de la presidenta y no alguna de las personas comisionadas de esa Comisión que ellos mismos crearon. Obviamente, muchas dudas surgen: ¿Con qué criterios determinarán si una noticia es falsa o verdadera? ¿Quién lo hará y quién determinará las sanciones? ¿Se atreverán a decir, sin ambages, que esta consulta resultó a favor de esos lineamientos presentados? ¿Es parte de un nuevo rasgo autoritario? ¿Cómo lo resolverán ahora?

Lo mismo sucede con el lamentable hecho de la muerte de una adolescente durante un curso de verano al interior de una institución educativa: una Academia Militarizada que, según se informó, no está autorizada. ¿Cómo entender entonces que esta y otras escuelas militarizadas que, a lo largo del país, han funcionado abierta y públicamente durante décadas, hayan expedido certificados de estudios de primaria, secundaria, bachillerato e incluso algunas de nivel licenciatura y ahora resulte que han funcionado sin reconocimiento oficial de la SEP? ¿Significa entonces que ninguna de las certificaciones expedidas durante años por estas instituciones tiene validez oficial? ¿Y los chicos y las chicas que realizaron sus estudios antes y ahora qué pueden esperar? Porque el señor secretario de Educación Pública Federal ordenó —también delante de la señora jefa del gobierno federal, Claudia Sheinbaum— el cierre de escuelas militarizadas porque dijo que están prohibidas en México, aun cuando el Catálogo de Centros de Trabajo 2025 de la propia SEP, actualizado a febrero, arroja con la denominación de militarizado 60 escuelas, colegios y bachilleratos con clave de centro de trabajo (La Jornada, 31 de julio de 2026). ¿Será que no conoce este catálogo el señor secretario? O entonces ¿de qué estamos hablando? Si en la Ley General de Educación no están reguladas estas instituciones —como dijo el secretario—, ¿cómo es que han ofertado servicios educativos todos estos años? ¿Quién les dio los permisos? ¿Quién les da seguimiento a esas escuelas? ¿Quién las evalúa? ¿La SEP no se había dado cuenta de su existencia en los ocho años que llevan gobernando o está evadiendo sus responsabilidades? ¿Todas estas escuelas cerrarán sus puertas así, nada más, y ya con eso se resolvió todo? ¿Y la muerte de Dafne y los testimonios de abusos físicos y psicológicos en estas instituciones que se empiezan a difundir, porque todos y todas estuvieron al resguardo de una institución educativa que debía protegerlos, quedarán entonces impunes?

O qué tal algunas expresiones, en voz de la propia presidenta Sheinbaum, que hemos venido escuchando. Cuando una vez más se conoció un percance del Tren Maya, dijo que no se descarriló, sino que fue "un deslizamiento de los rieles" (20 de agosto de 2026); o cuando recientemente aseguraron unas instalaciones donde se procesaban de manera ilegal combustibles, la declaración fue: "no era una refinería clandestina, sino un centro de procesamiento de combustible" (31 de julio de 2026).

Como podemos ver, los cambios de semántica no cambian los hechos ocurridos y tampoco pueden ocultar los hechos reales.

Una más, gravísima, conocida vía redes sociales: el comentario expresado por la presidenta Sheinbaum respecto al cumplimiento de una normativa de protección al medio ambiente para restaurar ecosistemas deteriorados en Quintana Roo, que en efecto ha generado conflictos por parte de prestadores de servicios turísticos, propietarios de construcciones y negocios que operan en zonas costeras, así como una manifestación durante su gira de trabajo que provocó un regaño al titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas —que fue grabado—, diciéndole: "Hay que gobernar con sentido común. Cuando la norma se opone por encima de la gente está mal, entonces no cumplas con la norma" (17 de agosto de 2026). Increíble escuchar de la presidenta de la República esta instrucción de no cumplir con la ley; si ella lo hace, ¿qué más podemos esperar?

Cada una, cada uno, construimos de todo esto nuestras propias conclusiones. Bien se ha escrito: tal vez el desafío de nuestro tiempo no sea encontrar experiencias cada vez más extraordinarias, sino recuperar la capacidad de asombro frente a lo ordinario.

De ahí el dicho popular, sinónimo de ganarse dificultades de forma gratuita: pero qué ganas de meterse en "camisa de once varas".