Miércoles 05 de Agosto de 2026 |
En medio del debate por la reforma en materia de telecomunicaciones y derechos de las audiencias, una palabra ha dominado la conversación pública: censura. Sin embargo, la discusión también obliga a preguntarse quién ha tenido históricamente la capacidad de definir qué información circula, qué temas ocupan la agenda y qué voces logran llegar a la sociedad. En el capítulo sobre democracia, opinión pública y redes sociales, incluido en el volumen Del Homo Videns al Homo Twitter (coordinado por Cansino, Calles y Echeverría), se advierte que la opinión pública no siempre se construye de manera libre y espontánea, sino que puede estar influida por quienes controlan los flujos de información y las imágenes que consumen las sociedades. En un momento en que México vuelve a discutir el papel de los medios de comunicación y los derechos de las audiencias, conviene preguntarnos si el verdadero debate gira en torno a la censura o, más bien, al poder de definir qué se informa, cómo se informa y quién tiene la capacidad de influir en la conversación pública. Desde que comenzó la discusión sobre la reforma en materia de telecomunicaciones, una palabra ha dominado el debate público: censura. Pero antes de asumir que toda regulación equivale a limitar la libertad de expresión, vale la pena formular una pregunta incómoda: ¿cuál censura? ¿La que podría provenir del Estado o la que, durante décadas, ejerció la concentración del poder informativo al reducir las voces capaces de llegar a millones de personas? La discusión sobre la reforma en materia de telecomunicaciones y derechos de las audiencias ha generado posiciones encontradas. Hay quienes advierten riesgos para la libertad editorial y quienes consideran que representa una oportunidad para fortalecer el derecho de las personas a recibir información plural, diversa y de calidad. Ambas posturas son legítimas y merecen debatirse con argumentos y evidencia. En ese contexto, existe un aspecto que merece mayor consenso: el fortalecimiento de los derechos de las audiencias. Defender la libertad de expresión también implica defender el derecho de las personas a recibir información veraz, claramente diferenciada entre hechos y opiniones, y contar con mecanismos efectivos de aclaración y rectificación. El derecho de réplica no debe entenderse como un instrumento para inhibir el trabajo periodístico, sino como una garantía democrática que permite corregir información inexacta y equilibrar la relación entre quienes informan y quienes son objeto de la información. Una prensa libre y unas audiencias con derechos no son principios incompatibles; por el contrario, se fortalecen mutuamente. Sin embargo, este debate no nació con esta reforma. Antes de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, el mercado de la publicidad en televisión abierta representaba alrededor del 0.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), con ingresos superiores a 33 mil millones de pesos anuales. De ese total, Grupo Televisa concentraba el 68.3 %, TV Azteca el 31.2 % y el resto de las cadenas apenas el 0.5 %. En otras palabras, ambas empresas absorbían el 99.5 % de la inversión publicitaria en televisión abierta. La concentración no solo era económica. También podía medirse con indicadores técnicos. Antes de 2013, el mercado registraba un Índice Herfindahl-Hirschman superior a los 5 mil puntos, un nivel considerado de concentración extrema. La reforma abrió el mercado a nuevos competidores y generó avances importantes, aunque no sustantivos. Estudios posteriores muestran una disminución del índice a 4 mil 729 puntos. Aunque el ecosistema mediático se diversificó con la llegada de nuevas cadenas, medios digitales y plataformas, la discusión sobre quién tiene la capacidad de influir en la conversación pública sigue abierta. No es casual que movimientos como #YoSoy132 colocaran en el centro del debate el papel del duopolio televisivo. Tampoco lo es que la cobertura del caso Ayotzinapa, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o las luchas de comunidades contra proyectos mineros e hidroeléctricos despertaran cuestionamientos sobre los enfoques, prioridades y silencios de una parte de los medios. Todos esos episodios compartieron una misma exigencia: una mayor pluralidad de voces. Hoy el escenario es distinto, pero los desafíos permanecen. Algunos espacios informativos han mantenido una línea editorial marcadamente crítica hacia el gobierno de la Cuarta Transformación; otros han asumido posiciones claramente favorables. Esa diversidad de posturas no debe preocuparnos. Lo verdaderamente preocupante sería que una sola narrativa, venga de donde venga, terminara imponiéndose sobre las demás. La democracia necesita medios críticos, pero también ciudadanos capaces de contrastar versiones y construir un criterio propio. Esa convicción fue la que motivó, entre 2021 y 2023, la creación de Debatamos, un proyecto ciudadano impulsado en Puebla para abrir espacios de diálogo entre jóvenes con distintas visiones políticas. No buscábamos sustituir a los medios tradicionales ni convertirnos en un actor más de la polarización. Queríamos demostrar que el desacuerdo puede ser un punto de encuentro y que la conversación pública se fortalece cuando incorpora nuevas voces. Aquella experiencia dejó una enseñanza vigente: democratizar la información no significa controlar el discurso público; significa ampliar la posibilidad de participar en él. Significa reconocer que ninguna empresa, ningún gobierno, ningún partido político y ningún algoritmo deberían tener la capacidad de definir, por sí solos, qué temas ocupan la agenda pública. Durante décadas discutimos los monopolios económicos porque entendimos que afectan la competencia y limitan las oportunidades. Hoy también debemos reflexionar sobre la concentración del poder informativo. No para restringir la libertad de expresión, sino para garantizar que el derecho a informar y el derecho a estar informados convivan en equilibrio. En Puebla, donde cada vez existen más medios independientes, proyectos digitales, universidades y ciudadanos participando en la discusión pública, el desafío también es nuestro. Un saludo a los compañeros de “Qué Chow con la política”, un esfuerzo colectivo de Rahi, Jorge y Anahí. La calidad de nuestra democracia dependerá de la capacidad que tengamos para construir una conversación abierta, crítica y plural. La opinión pública no debe concentrarse; debe democratizarse. El verdadero poder de informar no consiste en decidir qué deben pensar los demás, sino en garantizar que todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas.
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