Miércoles 05 de Agosto de 2026 |
Este martes en la mañanera se presentó una iniciativa para fortalecer el derecho a la información y la transparencia del Gobierno de México. El anuncio es, en principio, correcto y necesario. Sin transparencia no hay democracia posible. Un ciudadano que no puede saber en qué se gasta, cómo se decide, y quién decide, es un ciudadano a medias. El derecho a la información no es una concesión del poder, es el mecanismo que nos permite controlarlo. El problema es el contexto y la contradicción. Mientras por un lado se habla de fortalecer la transparencia, por el otro se debate abiertamente regular las redes sociales bajo el argumento de combatir la desinformación. Y ahí es donde la iniciativa cojea, porque el derecho a la información y la libertad de expresión son dos caras de la misma moneda. No se puede defender uno limitando el otro. No se puede pedir un gobierno más transparente mientras se busca un ciudadano menos libre de hablar. La transparencia real no es solo que el gobierno informe más, es que el ciudadano pueda decir más, incluso incomodar, incluso equivocarse. Si la nueva ley de transparencia viene acompañada de una ley mordaza digital, entonces no estamos fortaleciendo la democracia, la estamos administrando. Tómelo con interésLa clave de todo el debate que hoy se dio en la mañanera. El Artículo 10 de la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum pone por fin en blanco y negro la distinción entre publicidad y contenidos. Para televisión abierta y de paga todo espacio comercializado dentro de un contenido deberá marcarse con el símbolo "P" visible al inicio, y al final por al menos 5 segundos, y advertir al cierre que el programa contó con espacios comercializados o patrocinados. En radio se deberá decir verbalmente de forma clara y previa que se trata de publicidad. Parece un detalle técnico, pero es una bomba para el modelo actual. Durante años, el hilo entre información y publicidad oficial, se borró a propósito. El publirreportaje, la entrevista a modo pagada, el comentario del conductor vendido como opinión, pero cobrado como anuncio. Con esta norma, se acaba la simulación. El medio que reciba dinero del gobierno o de un particular, para hablar bien de algo, tendrá que decirlo en pantalla. Y eso, en caso de cumplirse será transparencia pura. Tómelo con atenciónLas autoridades educativas quieren prohibir las redes sociales a menores de 16 años. La tesis que las sustenta es cierta, y nadie la niega: las redes son adictivas, dañan la atención, la autoestima, y el sueño de niños y jóvenes. El algoritmo está diseñado para eso, para enganchar. Pero prohibir es el atajo fácil del Estado. No resuelve el problema, lo traslada. Un menor de 15 años al que hoy le prohíbes TikTok, mañana cumplirá 16, y entrará sin ninguna herramienta, sin alfabetización digital, sin criterio para defenderse. No le quitaste la adicción, solo se la aplazaste. El debate real no es si los menores deben estar o no en redes, sino por qué la escuela no ha sido capaz de competirles. Si la alternativa analógica es aburrida, burocrática, y desconectada, obviamente el niño va a preferir la dopamina del scroll infinito. Más que una prohibición que siempre será porosa y burlable, necesitamos una estrategia de educación digital, de corresponsabilidad con padres, y de regulación a las plataformas, no al usuario. Prohibirle al niño no es castigar a la industria que lo hace adicto. |
