Pongamos fin al feminicidio

En la larga y compleja batalla por garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no hay espacio para el cansancio ni las medias tintas. Quienes formamos parte del proyecto de la Cuarta Transformación tenemos claro que la justicia social no estará completa hasta que nuestras niñas, jóvenes y mujeres puedan caminar sin miedo por las calles de nuestro país.

Si bien es cierto que las estrategias implementadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han dado buenos resultados, al lograr una disminución del 36 por ciento en el delito de feminicidio respecto a 2021, la realidad nos exige no conformarnos con las estadísticas. Nuestro objetivo es claro: queremos que no haya ni un solo feminicidio en el territorio nacional. La violencia más extrema contra las mujeres tiene que parar y, para lograrlo, necesitamos herramientas jurídicas contundentes que cierren la puerta a la impunidad.

En este último año de trabajo parlamentario correspondiente a la LXVI Legislatura, tenemos una oportunidad histórica: aprobar la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, proyecto legislativo que ya llegó al Senado de la República y que en la Cámara de Diputados estamos listas y listos para analizar y avalar como un instrumento fundamental para homologar los mecanismos de investigación y las sanciones en todo el país.

Esta ley garantizará que en todas las fiscalías de la República se investigue el delito de feminicidio bajo los mismos criterios, evitando al máximo las omisiones que históricamente han permitido catalogar estos crímenes de forma errónea como suicidios o dejar desprotegidas a las víctimas cuando el presunto responsable —como lamentablemente ocurre en la mayoría de los casos— es un familiar.

Además, la iniciativa establece con claridad que comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género y estipula 10 razones específicas para acreditarlo, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delitos motivados por estereotipos o prejuicios o contextos de asimetría de poder.

Frente a la crueldad, la respuesta del Estado debe ser firme. Por ello, la ley establece una pena de 50 a 70 años de prisión y contempla 19 agravantes que pueden aumentar la condena hasta en una mitad cuando la víctima esté embarazada o viva con discapacidad; sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; el delito sea cometido por una persona servidora pública; o el cuerpo presente signos de extrema crueldad, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además, para erradicar de raíz la impunidad, el agresor no solo perderá la libertad, sino también sus derechos sucesorios, la tutela, la guarda y custodia, así como la patria potestad; además, será inhabilitado para ocupar cargos públicos. Asimismo, se prohíben de manera tajante las excusas absolutorias o atenuantes y se establece que el delito, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles; tampoco procederán criterios de oportunidad, conmutación de penas ni amnistías.

Sin embargo, tenemos que reconocer que el castigo no es suficiente si no transformamos el sistema desde adentro. La iniciativa parte de la premisa fundamental de investigar con debida diligencia reforzada y análisis de contexto, obligando a las unidades o fiscalías especializadas a intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio hasta la ejecución de las sanciones.

Paralelamente, se coloca en el centro la dignidad y los derechos de las víctimas directas e indirectas. El proyecto consagra el acceso a la verdad, la atención médica y psicológica de urgencia, la asesoría jurídica gratuita, los servicios de traducción y, de manera prioritaria, una atención integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. La reparación integral del daño deberá ser transformadora, adecuada, efectiva y rápida, corresponsabilizando a los medios de comunicación y plataformas digitales de respetar siempre la dignidad de las víctimas.

Erradicar el feminicidio requiere de dos grandes pilares: por un lado, una justicia punitiva impecable y, por el otro, una prevención profunda. Debemos seguir sembrando educación, formación y el reconocimiento pleno de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, promoviendo el trato digno y erradicando cualquier forma de discriminación.

Desde el Congreso de la Unión seguiré respaldando y promoviendo iniciativas y proyectos legislativos que fortalezcan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y garantizaremos cero impunidad frente al feminicidio.

Como diputada federal, mi prioridad siempre será poner a las mujeres al frente, nuestros derechos al centro y a los violentadores fuera de cualquier espacio de decisión o de poder.

Julieta Kristal Vences Valencia, diputada federal de Morena y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.