Lunes 10 de Agosto de 2026 |
Mientras China registró 9.5 millones de nuevas empresas durante 2025, en Puebla un establecimiento que busca operar formalmente puede encontrarse con una barrera administrativa que obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿qué tan fácil estamos haciendo que una persona pueda invertir, abrir un negocio y cumplir con la ley? La pregunta no es menor. De acuerdo con la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China, durante 2025 se registraron 9.5 millones de nuevas empresas. Si además se consideran los nuevos negocios individuales, el país sumó 25.745 millones de nuevos sujetos de mercado en un solo año. No se trata de idealizar a China. Se trata de observar un dato y compararlo con una discusión que tenemos mucho más cerca: ¿qué estamos haciendo en Puebla para facilitar que quienes quieren emprender puedan hacerlo dentro de la formalidad? El caso de Karuzo vuelve a poner el tema sobre la mesa. De acuerdo con documentación oficial de la Tesorería Municipal, el establecimiento solicitó la viabilidad correspondiente para operar con un giro de restaurante-bar. Sin embargo, el trámite fue considerado improcedente debido al incumplimiento de la distancia mínima establecida por la legislación para establecimientos que venden bebidas alcohólicas. El artículo 16, fracción IX, de la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de Puebla establece que estos establecimientos deben ubicarse, como mínimo, a 200 metros de cualquier centro educativo, deportivo, clínica, hospital o asilo, con las excepciones previstas en la propia norma. Hasta aquí, la regla es clara. El problema comienza cuando observamos cómo se aplica. En el expediente municipal se señala que Karuzo se encuentra a 127.22 metros de USAC Plantel Puebla; 49.79 metros de Planet English, escuela de idiomas; 175.92 metros de la Escuela Álvaro Obregón, y 81.83 metros de la Unidad de Medicina Familiar número 2 del IMSS. Con esos datos, la autoridad municipal concluyó que no se cumplía con la distancia requerida. Pero aquí conviene hacer una precisión. El debate no debería ser si una autoridad debe cumplir la ley. Por supuesto que debe hacerlo. Pero hay un elemento adicional que merece ser observado. La zona donde se encuentra Karuzo no es precisamente ajena a los establecimientos que ofrecen bebidas alcohólicas. Basta revisar la oferta comercial disponible públicamente para encontrar distintos bares, restaurantes-bar, pubs y otros negocios relacionados con este giro. Esto, por supuesto, no demuestra que alguno de esos establecimientos esté incumpliendo la ley. Para afirmarlo habría que revisar sus respectivas licencias, fechas de autorización, uso de suelo, distancias y las condiciones bajo las cuales fueron autorizados. Pero sí plantea una pregunta legítima: ¿Con qué criterios se ha aplicado históricamente la restricción de los 200 metros en esta zona? Porque si una regla es válida, debe aplicarse de manera consistente. Si requiere interpretación, esa interpretación debe ser objetiva, pública y previsible. Y si existen autorizaciones anteriores, también debería poder explicarse por qué fueron procedentes. El propio documento de la Tesorería Municipal resulta revelador. La Dirección de Ingresos señala que no es la instancia que impone las llamadas “medidas de restricción” y que su actuación deriva del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Es decir, aquí no estamos solamente frente a una decisión política. Estamos frente a una discusión sobre la forma en que funciona la administración pública. Y aquí aparece otra dimensión que pocas veces vemos cuando discutimos sobre licencias, permisos y reglamentos: detrás de cada negocio hay personas. En este caso, de acuerdo con la información disponible, dos personas dependen directamente de los ingresos que genera este establecimiento. Dos personas que dependen de una actividad económica. Dos personas para quienes el debate sobre una licencia no es solamente jurídico o administrativo. Es su ingreso. Es su trabajo. Es su posibilidad de permanecer dentro de la economía formal. ¿Qué ocurre con el ciudadano que quiere hacer las cosas bien? ¿Qué pasa con quien pretende rentar un local, invertir, contratar trabajadores, pagar impuestos, tramitar sus permisos y convertirse en un negocio formal, pero descubre después que una disposición administrativa hace inviable su proyecto? Ahí es donde el caso deja de ser solamente el de un restaurante-bar. Puebla no tiene que escoger entre proteger a sus estudiantes y promover la inversión. Tampoco tiene que escoger entre cumplir la ley y facilitar la apertura de negocios. Una ciudad competitiva debe ser capaz de hacer ambas cosas. Por eso, el caso Karuzo debería servir para abrir una discusión más amplia. No para buscar culpables. No para descalificar a una autoridad que tiene la obligación de aplicar la ley. Sino para preguntarnos si nuestras reglas están diseñadas para una ciudad que quiere crecer, atraer inversión y generar empleo. Porque tampoco podemos pedirles a los ciudadanos que abandonen la informalidad mientras hacemos complicado el camino hacia la formalidad. Acompañar al inversionista no significa otorgarle privilegios ni permitirle incumplir la ley. Significa darle certeza para que pueda cumplirla. Por eso la pregunta para la administración pública debería ser también: ¿Estamos acompañando a quienes quieren invertir y cumplir? Mientras otras economías se preguntan cómo generar millones de nuevas empresas, Puebla debería hacerse una pregunta mucho más cercana: ¿Qué estamos haciendo para que el próximo negocio que quiera abrir en nuestra ciudad encuentre una puerta abierta al cumplimiento y no un laberinto administrativo? |
