Viernes 21 de Agosto de 2026 |
Después de un receso, regresamos a la columna para conversar sobre un tema que ha capturado la atención de la comunidad académica durante las últimas semanas; me refiero a la polémica por el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la inteligencia artificial, lo que propició el cuestionamiento de los exámenes de ingreso a las universidades públicas. La UNAM realizó por primera vez completamente en línea su concurso de selección para licenciatura. Después aparecieron resultados estadísticamente anómalos y reportes sobre uso de teléfonos celulares, ayuda externa, posible suplantación de identidad y servicios organizados para responder el examen. Si entre 2021 y 2025, alrededor del 3.5% de las personas aspirantes había obtenido 100 aciertos o más, en 2026 la proporción saltó a 16.3%. Es por ello que la propia universidad inició una revisión y aplicó posteriormente un examen de control. Hoy sabemos incluso que el problema fue más complejo que jóvenes preguntándole las respuestas a ChatGPT. El rector Leonardo Lomelí reconoció que se había subestimado el negocio existente alrededor de la venta de ayuda para aprobar el examen y señaló que se identificaron mecanismos mediante los cuales una persona podía aparecer frente a la cámara mientras otra respondía la evaluación. Es por lo anterior que no considero válido asumir que la inteligencia artificial creó el problema, pero sí abrió la caja de Pandora. He escuchado y leído con atención a las y los expertos en educación y las conversaciones de la sociedad a mi alrededor y en todas aparecieron preguntas muy interesantes y pertinentes: ¿qué mide realmente un examen de admisión?, ¿quién tiene mejores condiciones para prepararse?, ¿es justo decidir el futuro académico de una persona mediante un solo instrumento?, ¿qué entendemos por mérito?, ¿todas y todos deberían ingresar a la universidad? ¿Qué significa realmente garantizar el derecho a la educación? Y, sobre todo, ¿un mismo examen significa las mismas oportunidades? En la discusión sobre la UNAM, el investigador Imanol Ordorika ha señalado un problema que va mucho más allá de las irregularidades de 2026, y es que los mecanismos de selección deben analizarse también desde las desigualdades sociales y educativas que existen antes de que una persona se siente frente al examen. Una joven que tuvo computadora propia, conexión estable a internet, una habitación donde estudiar, alimentación suficiente, una buena escuela preparatoria y recursos para pagar un curso de preparación no llega en las mismas condiciones que otra que trabaja por las tardes, comparte teléfono con su familia o estudió en una comunidad donde faltaron docentes. Por lo tanto, evaluar a todas y todos con las mismas preguntas no es igualdad, es meramente una formalidad. ¿Entonces, debemos pedir que entren todas y todos los aspirantes a la universidad? Y es que el Gobierno de Puebla ha planteado públicamente la necesidad de ampliar las posibilidades de ingreso a la BUAP. Esta aspiración es difícil de cuestionar: ¿quién podría estar en contra de que más jóvenes tengan acceso a educación superior? Nadie. Pero entre desear que todas y todos entren y conseguir que puedan hacerlo existe una palabra que pocas veces se menciona en voz alta, me refiero, por supuesto, al presupuesto. Mis colegas y yo llegamos al consenso de que una universidad no es solamente un edificio lleno de bancas. Para formar médicos necesitamos docentes, laboratorios, hospitales y campos clínicos. Para formar profesionales de las ciencias necesitamos reactivos, equipos e instalaciones seguras. Las ingenierías requieren talleres y tecnología. Incluso aquellas carreras que aparentemente necesitan únicamente un aula requieren profesorado, bibliotecas, conectividad, tutorías, servicios y espacios adecuados. Aceptar estudiantes sin garantizar esas condiciones no necesariamente democratiza la universidad, todo lo contrario, podría significar democratizar la precariedad. Para esta columna, revisé los anuarios estadísticos de la BUAP correspondientes al periodo 2020-2024 (el último año público) y los contrasté con la información estadística de la UNAM. La comparación no pretende determinar cuál universidad es “mejor” ni construir una competencia entre dos instituciones públicas con dimensiones, historias y funciones diferentes, pero nos puede ayudar a dimensionar el problema. En 2024, la BUAP recibió 20 mil 839 estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura. La UNAM registró 52 mil 812 estudiantes de primer ingreso, considerando sus diferentes vías de acceso. Sin embargo, un dato interesante es que, de esos ingresos a la UNAM, 24 mil 163 correspondieron al concurso de selección. Es decir, el número total de estudiantes que la BUAP incorporó a licenciatura ese año equivalió aproximadamente al 86% de quienes ingresaron a la UNAM mediante concurso de selección. No significa que ambas instituciones sean equivalentes ni que deban recibir los mismos recursos. Pero permite dimensionar el esfuerzo y poder analizar con detalle el presupuesto. En 2024, el presupuesto total aprobado de la BUAP fue de aproximadamente 10 mil 260 millones de pesos; el de la UNAM, alrededor de 55 mil 959 millones. Es decir, el presupuesto BUAP representaba aproximadamente 18% del presupuesto de la Universidad Nacional. Aunque, si analizamos con cautela, la UNAM posee una enorme estructura de investigación, educación media superior, licenciatura, posgrado, difusión cultural e infraestructura nacional. Por eso no podemos concluir que la BUAP es “más eficiente” porque recibe proporcionalmente muchos estudiantes con menos dinero. Lo que la comparación sí permite observar es que la distancia entre ambas instituciones en el número de estudiantes que reciben es mucho menor que la distancia entre sus presupuestos. Y eso obliga a tomar en serio la discusión sobre financiamiento cuando se pide ampliar todavía más la cobertura de una universidad pública. En 2020, la BUAP tenía un presupuesto aproximado de 6 mil 801 millones de pesos. Para 2024 había llegado a 10 mil 260 millones. Visto así, aumentó cerca de 51%, lo cual podría parecer muchísimo, pero esos pesos de 2020 no compraban lo mismo que los pesos de 2024; por lo tanto, si ajustamos las cifras por inflación, el crecimiento real del presupuesto BUAP durante esos cuatro años se reduce a aproximadamente 19.5%. Y durante ese mismo periodo su matrícula institucional pasó de alrededor de 108 mil a más de 124 mil estudiantes: un crecimiento cercano al 15%. Por lo tanto, si relacionamos presupuesto, inflación y matrícula, los recursos institucionales reales por estudiante aumentaron solamente alrededor de 4% entre 2020 y 2024. No estoy diciendo que cada estudiante “cueste” esa cantidad. El presupuesto universitario también sostiene investigación, cultura, administración, infraestructura, jubilaciones y muchas otras actividades. Es simplemente una manera de preguntarnos cuánto crecieron los recursos institucionales en relación con la población que debe atenderse. Porque, aunque pareciera que la BUAP recibió más dinero, también creció considerablemente. La UNAM, por su lado, enfrenta otros retos. Entre 2020 y 2024 su presupuesto nominal pasó de aproximadamente 46 mil 630 a 55 mil 959 millones de pesos. Una vez considerada la inflación, nuestros cálculos indican una reducción real cercana al 5%; al relacionarla con la matrícula, los recursos reales por estudiante disminuyen alrededor de 6%. Aunque estamos comparando a dos universidades distintas y a escalas diferentes, ambas enfrentan un problema compartido, que es que los presupuestos nominales pueden crecer sin que aumente en la misma proporción la capacidad real de las universidades. La BUAP no ha permanecido inmóvil ante el crecimiento de la demanda. Los complejos regionales han llevado programas fuera de la capital y CU2 representa uno de los esfuerzos recientes de ampliación de infraestructura y matrícula. Eso merece reconocerse, pero también analizarse críticamente, porque construir CU2 demuestra precisamente que abrir lugares cuesta. Implica terrenos, edificios, laboratorios, equipamiento, mantenimiento, transporte, seguridad y, sobre todo, personas: docentes, investigadoras, técnicos y trabajadores administrativos. Por eso, cuando desde el poder público se pide a una universidad autónoma recibir a más estudiantes, o eventualmente a todas las personas que solicitan ingreso, deberíamos también preguntarnos ¿con qué infraestructura, con cuántos profesores y con qué presupuesto? Si bien la universidad pública debe hacer esfuerzos para ampliar sus puertas, los gobiernos también deben financiar esas puertas y promover el desarrollo alrededor de esas zonas. He visto la queja constante sobre lo complicado que es llegar a CU2 y sobre las pocas rutas de transporte público, e incluso legisladores locales han exigido que sea la BUAP quien proporcione el transporte a las y los universitarios. Sin embargo, si analizamos con atención la Ley General de Educación Superior, esta obliga al Estado mexicano a generar condiciones para garantizar progresivamente el acceso, permanencia y ejercicio del derecho a la educación superior, particularmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero la ley no establece que las universidades autónomas estén obligadas a proporcionar alimentación (como las becas alimenticias o el comedor universitario) ni transporte gratuitos a la totalidad de sus estudiantes. Estos servicios pueden constituir políticas institucionales importantes para reducir desigualdades y favorecer la permanencia, pero no son prestaciones universales que la LGES imponga expresamente a las universidades. Por tanto, la universidad pública no necesita menos exigencias; necesita que cada nueva exigencia esté acompañada de los recursos necesarios para cumplirla. A pesar de lo anteriormente expuesto, estoy convencida de que hay otra interrogante en esta coyuntura que deberíamos comenzar a responder como sociedad y es ¿por qué hemos decidido que todas las personas necesitan un título universitario para “ser alguien”? Esa frase aparentemente inocente y tan coloquial contiene una jerarquía social brutal. Todxs hemos escuchado que quien obtiene un título universitario “se superó” y quien trabaja la tierra “no estudió”. Quien repara un automóvil, pesca, cría ganado, construye una casa, cocina, cose o domina un oficio aparece en nuestra imaginación social varios escalones abajo. Considero que hemos confundido educación con escolarización y conocimiento con título. Es cierto que la sociedad necesita médicos, científicos, ingenieros, filósofos y abogados. Pero también necesita campesinos, pescadores, ganaderos, carpinteros, electricistas, mecánicos, artesanos y personas capaces de realizar cientos de actividades sin las cuales nuestra vida cotidiana simplemente se detendría. Creo firmemente que el problema no es que estas personas no tengan licenciatura, el problema es que hemos construido una sociedad donde no tenerla puede condenarlas a salarios bajos, precariedad y menor reconocimiento social. Por eso, no podemos juzgar a los cientos de miles de jóvenes que año tras año intentan acceder a la educación universitaria. El Estado debería garantizar que todas las personas, independientemente de si después estudian Medicina, cultivan maíz, reparan automóviles o crían ganado, lleguen a la vida adulta con herramientas suficientes para comprender el mundo: leer críticamente una noticia, comprender un contrato, identificar desinformación, manejar sus finanzas, conocer sus derechos, comprender principios básicos de ciencia, acercarse al arte y la cultura, utilizar tecnología y participar políticamente. Pensar críticamente no debería ser privilegio de quien llega a la universidad, pero sí le da a las universidades públicas otra responsabilidad que con frecuencia olvidamos cuando reducimos su función al otorgamiento de licenciaturas y posgrados: la educación no termina cuando dejamos la escuela. La educación continua, o como actualmente se denomina, educación a lo largo de la vida, reconoce que todas las personas necesitamos continuar aprendiendo, actualizando conocimientos y desarrollando nuevas capacidades durante las distintas etapas de nuestra existencia. En ese sentido, una universidad pública también debería abrir sus puertas a quienes nunca cursaron una licenciatura: campesinas y campesinos que necesitan incorporar nuevas tecnologías; personas dedicadas a un oficio que requieren actualizarse; emprendedoras, cuidadoras, trabajadores, personas adultas mayores o comunidades que necesitan herramientas digitales, financieras, científicas, culturales o ciudadanas. No todxs los miembros de la comunidad necesitan convertirse en universitari@s para beneficiarse del conocimiento que produce una universidad. Ahí la educación continua puede convertirse en uno de los vínculos más poderosos entre la universidad pública y la sociedad. Cursos, talleres, programas de actualización, certificaciones y otras experiencias formativas pueden llevar conocimiento universitario a personas de todas las edades y trayectorias educativas. Pero esa relación tampoco debería ser unilateral. Vincular a la universidad con quienes trabajan el campo, ejercen oficios o conservan conocimientos comunitarios significa reconocer que la universidad no solamente tiene conocimiento que enseñar; en un aprendizaje circular, también desde la universidad tenemos conocimientos que escuchar. “Universalizar” la universidad no significa que todas las personas tengan que obtener un título universitario, sino conseguir que el conocimiento que producen las universidades públicas llegue, de distintas maneras, a todas las personas. Eso requiere una educación básica y media superior de enorme calidad, formación técnica prestigiada, educación continua accesible durante toda la vida y, fundamentalmente, salarios dignos para quienes realizan trabajos que nuestra sociedad necesita, aunque no requieran una licenciatura. Por todo lo anterior, si regresamos al principio de este texto, considero que el supuesto problema de la IA es apenas la punta del iceberg. La tecnología cambió la manera de aplicar el examen, pero dejó intactos los mecanismos de los que nos rehusamos a hablar, y es que, si existen más aspirantes que lugares disponibles, ¿cómo decidimos quién entra? Podemos utilizar un examen, promedio escolar, cursos propedéuticos, condiciones socioeconómicas, sorteo o una combinación de mecanismos. Ninguno es completamente neutral, cada uno contiene una determinada concepción del mérito y de la justicia. Por eso la discusión no puede reducirse a examen sí o examen no, sino a qué consideramos justo cuando no existen lugares suficientes para todas las personas que quieren estudiar y por qué no existen suficientes lugares y quién debe construirlos. En defensa de la universidad pública, considero improcedente pedirle que haga magia con recursos finitos. Es verdad que se debe exigir transparencia, calidad, inclusión y mecanismos de ingreso cada vez más justos; pero también exigir a los gobiernos financiamiento suficiente para que pueda crecer sin destruir aquello que precisamente la convierte en universidad: docencia, investigación, pensamiento crítico, cultura y libertad académica. Y, aún más, no creo que una sociedad verdaderamente educada sea aquella en la que todas las personas tienen una licenciatura, sino una en la que nadie necesita un título para ser considerado “alguien” y, al mismo tiempo, ninguna persona que tenga la capacidad y el deseo de continuar estudiando encuentre su futuro determinado únicamente por su código postal, su sexo o el dinero de su familia. Entonces sí podremos hablar seriamente de educación para todas y todos. Les dejo las fuentes consultadas por si alguien quisiera profundizar y, si gustan que les comparta las estadísticas y las gráficas que generé con los datos analizados, escríbanme a mi correo electrónico y se las envío: ma.elena.bringas@gmail.com. ¡Nos leemos en la próxima! Fuentes consultadas
Nota metodológica: Los cálculos de presupuesto real descuentan la inflación mediante el INPC y relacionan posteriormente el presupuesto institucional con la matrícula total. El indicador resultante no representa el costo de formar a cada estudiante ni permite medir por sí mismo la eficiencia de una universidad: ambas instituciones destinan recursos a investigación, infraestructura, cultura, posgrado, administración y otras funciones sustantivas. Su utilidad en este texto es mostrar cómo cambia la disponibilidad general de recursos en relación con el crecimiento de la población estudiantil.
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