Jueves 27 de Agosto de 2026 |
Hay una forma de ejercer el poder que puede ser perfectamente legal y, al mismo tiempo, profundamente problemática para la política: actuar bajo la premisa de que, si se tiene la facultad para decidir, no existe ninguna obligación política de consultar, coordinar o construir acuerdos. A eso se le puede llamar voluntarismo político. El caso de Rubén Rocha Moya permite observar con claridad este fenómeno. Más allá de las circunstancias específicas de Sinaloa y de las interpretaciones jurídicas que puedan hacerse sobre sus decisiones, hay una pregunta política que resulta mucho más interesante: ¿qué ocurre cuando un gobernador decide actuar por voluntad propia, sin que medie una coordinación visible con el resto de los actores políticos? Porque gobernar no significa únicamente tener atribuciones. También significa entender que una decisión política tiene consecuencias que rebasan el espacio institucional desde el que se toma. Un gobernador no gobierna una isla. Forma parte de un sistema federal, mantiene una relación permanente con el Gobierno de México, con la Secretaría de Gobernación, con el Congreso de su estado, con los municipios, con su partido y con otros actores que, aunque tengan responsabilidades distintas, forman parte del mismo entramado político. Por eso, aun cuando una decisión pueda encontrar sustento jurídico, existe una dimensión política que no puede ignorarse. ¿Era necesario hacerlo sin avisar? ¿Era necesario hacerlo sin construir previamente un acuerdo? ¿Era indispensable convertir una decisión política en un hecho consumado? El voluntarismo político no necesariamente empieza con una ilegalidad. Empieza cuando quien ejerce el poder considera que la coordinación es opcional y que la voluntad del gobernante es suficiente para resolver cualquier diferencia. La lógica es sencilla: si puedo hacerlo, lo hago. Pero la política democrática funciona con una lógica diferente: si puedo hacerlo, también debo preguntarme qué consecuencias tendrá hacerlo, con quién necesito coordinarlo y qué instituciones tendrán que convivir con esa decisión. Uno de los errores más frecuentes del poder político consiste en confundir autoridad con capacidad de imposición. Un gobernador puede tener atribuciones constitucionales y legales. Un presidente municipal tiene las suyas. Un dirigente partidista tiene otras. La presidenta de la República tiene las propias. Pero ninguna de esas autoridades puede suponer que el resto del sistema político desaparece cuando toma una decisión. La democracia no funciona como una cadena de mando absoluta. Funciona mediante competencias, contrapesos, negociación y coordinación. Por eso, el caso Rocha resulta útil como punto de partida para hablar de algo mucho más amplio. No se trata solamente de Rocha Moya. Se trata de una cultura política que puede aparecer en distintos niveles de gobierno y en diferentes partidos: la idea de que quien controla una posición de poder puede prescindir de los demás. Y esa lógica tiene costos. Porque cuando las decisiones comienzan a tomarse unilateralmente, los actores que no fueron consultados empiezan a buscar mecanismos para defenderse. Aparecen los bloques internos. Las candidaturas se convierten en campos de batalla. Los gobiernos municipales y estatales comienzan a competir por espacios de influencia. Los acuerdos políticos se sustituyen por mensajes públicos. Y lo que debería resolverse en una mesa termina discutiéndose en los medios. Las candidaturas también son una prueba de voluntarismoEl fenómeno puede observarse con particular claridad cuando llegan los procesos de selección de candidaturas. Una candidatura no es solamente un nombre en una boleta. Detrás de ella existen estructuras territoriales, grupos políticos, militantes, liderazgos locales, operadores, acuerdos previos y expectativas de quienes participan en una elección. Cuando una candidatura se construye exclusivamente desde la voluntad de quien tiene mayor poder, puede conseguirse una decisión rápida. Pero rapidez no significa necesariamente gobernabilidad. Una candidatura puede imponerse. Lo difícil es lograr que quienes no la querían trabajen después para hacerla ganar. Y todavía más difícil será gobernar con ellos una vez terminada la elección. Aquí aparece una de las paradojas del voluntarismo político: la imposición puede resolver el problema inmediato y crear uno mucho mayor para después. Porque en política ganar una votación no es lo mismo que construir gobernabilidad. La primera puede conseguirse con una mayoría. La segunda requiere acuerdos. Este mismo debate puede trasladarse a Puebla. El verdadero costoPor eso, el caso Rocha debería servir para abrir una discusión mucho más amplia sobre la manera en que estamos ejerciendo el poder político. Porque el riesgo no está únicamente en una decisión específica. Está en normalizar una forma de gobernar donde la coordinación se considera una debilidad y la unilateralidad una demostración de fuerza. Eso puede funcionar durante algún tiempo. Hasta que aparecen las consecuencias. Una decisión unilateral puede producir una crisis interna. Una candidatura impuesta puede generar una ruptura. Un conflicto entre gobiernos puede convertirse en parálisis. Una diferencia política puede terminar afectando la prestación de servicios públicos. Y entonces el costo ya no lo pagan solamente los políticos. Lo paga la ciudadanía. Porque la ciudadanía no espera que los gobiernos estén permanentemente de acuerdo. Es normal que existan diferencias. Lo que espera es que esas diferencias no se conviertan en obstáculos para gobernar. Ese es el verdadero examen de cualquier proyecto político. No qué tan fuerte parece cuando tiene todo el poder. Sino qué tan bien puede administrar las diferencias cuando el poder se distribuye entre distintas instituciones y distintos actores. |
