Dos años de una Presidenta: ¿qué ha cambiado para las mujeres?

México tardó más de dos siglos en tener una mujer Presidenta. Por eso, una frase del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum merece algo más que celebrarse: merece pensarse. “Las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República”. Llegamos, dice también, a pesar del machismo y la misoginia de quienes todavía dudan de nuestra capacidad para gobernar.

Más allá de las discusiones —necesarias— sobre representación y cuotas de género, creo que este momento exige una mirada justa, crítica y situada. Una pregunta, sobre todo: ¿qué cambia para las demás mujeres cuando una mujer como Claudia Sheinbaum gobierna México?

Hace apenas unos años se repetía que México no estaba preparado para una Presidenta. Hoy aquella sentencia parece lejana. Nos hemos acostumbrado a verla gobernar, a escuchar la palabra Presidenta sin extrañeza. Esa normalidad dice mucho sobre lo que ha cambiado en muy poco tiempo. Sheinbaum, además, llega a su Segundo Informe con una aprobación cercana al 70%, colocándose, hasta este momento de su mandato, entre los presidentes mejor evaluados de este siglo.

Durante la campaña tuve el privilegio de acompañarla por distintos estados. Recuerdo que en sus mítines volvía una y otra vez a una escena aparentemente doméstica: quién limpia la casa, quién cocina, quién cuida a los hijos, a los enfermos, a los mayores. Lo decía con sencillez, pero detrás había una discusión que el feminismo lleva décadas planteando: buena parte de nuestra economía descansa sobre horas y horas de trabajo realizado mayoritariamente por mujeres y que durante generaciones ni siquiera fue reconocido como tal.

De ahí nació también un compromiso: reconocer a quienes habían sostenido hogares y familias sin salario ni jubilación. Hoy la Pensión Mujeres Bienestar alcanza a más de 2 millones 800 mil mujeres de 60 a 64 años, con un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales. 

Y aquí importa una palabra: cuidados. Cocinar, limpiar, criar, acompañar a una persona enferma o hacerse cargo de los mayores es trabajo. Consume tiempo y energía, produce bienestar y sostiene la vida. Cuando esas tareas recaen principalmente sobre nosotras, también condicionan nuestras posibilidades de estudiar, trabajar, descansar, participar en política o, sencillamente, disponer de nuestro propio tiempo. Que el Estado comience a reconocerlo no resuelve una desigualdad construida durante generaciones, pero sí permite discutir algo que durante demasiado tiempo se asumió como natural: que las mujeres estábamos ahí para cuidar.

En esa misma lógica están los 300 mil apoyos para niñas y niños de madres trabajadoras. Porque detrás de una mujer que puede estudiar, trabajar o generar sus propios ingresos siempre existe una pregunta mucho menos visible: ¿quién cuida mientras ella lo hace? Durante demasiado tiempo la respuesta fue otra mujer.

Y aquí quiero detenerme en una discusión que me parece profundamente política. Los programas sociales no son, ni pretenden ser, la única explicación de la reducción de la pobreza. Las transferencias redistribuyen ingreso y alivian carencias, pero su importancia tampoco puede medirse únicamente preguntando cuántos puntos porcentuales de pobreza disminuyen. Los programas sociales han servido para disputar una idea de país. Durante décadas se nos quiso convencer de que el bienestar era un asunto privado; que cada quien debía resolver en el mercado su educación, su salud, su vejez y hasta su derecho a vivir con dignidad. Si alguien quedaba atrás, la explicación recaía sobre el individuo: no trabajó suficiente, no se esforzó, no supo competir. La Cuarta Transformación ha confrontado ese sentido común y ha colocado otra idea en el centro de la discusión pública: hay derechos que no pueden depender del tamaño de la cartera ni de la suerte de la familia en la que nacimos, y garantizarlos es responsabilidad del Estado.

Para las mujeres esta disputa es todavía más profunda. El Estado neoliberal pudo retirarse de muchas de sus responsabilidades porque alguien siguió cuidando, alimentando, curando, criando y sosteniendo la vida puertas adentro. Y ese alguien fuimos, mayoritariamente, nosotras. Por eso defender derechos sociales universales también es una discusión feminista: cada responsabilidad colectiva que el Estado abandona corre el riesgo de regresar al hogar convertida en trabajo gratuito para una mujer. La discusión sobre el Estado de bienestar no está separada de la discusión sobre nuestra autonomía.

Pero si queremos entender qué fue lo que permitió que millones de mexicanos dejaran la pobreza en los últimos años, hay que mirar también hacia el salario. Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y la Conasami estima que 6.6 millones pueden atribuirse exclusivamente a los incrementos del salario mínimo. En términos de incidencia, la política salarial explica 6.1 de los 12.3 puntos porcentuales en que disminuyó la pobreza multidimensional durante ese periodo. 

Y ese dato también debe leerse desde las mujeres. La recuperación del salario mínimo beneficia particularmente a quienes se encuentran en la parte baja de la distribución salarial, donde las trabajadoras tienen una presencia importante. La propia Conasami ha documentado que la política salarial contribuyó a reducir las brechas de género y que su efecto fue especialmente significativo entre las mujeres de menores ingresos. 

Para una mujer, ganar más por su trabajo no es solamente mejorar el ingreso familiar. El salario propio modifica relaciones de poder. Amplía la posibilidad de decidir qué hacer con el dinero, continuar estudiando, sostener a los hijos o salir de una relación violenta. La autonomía necesita condiciones materiales. Podemos hablar durante horas de empoderamiento, pero una mujer económicamente dependiente tiene un margen de decisión distinto al de una mujer que controla sus propios recursos. Por eso recuperar el valor del trabajo también es política de igualdad.

Está además el derecho elemental a vivir sin violencia. Este año el Gobierno llegará a 1,001 Centros LIBRE, ha distribuido 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres y construido una red de 190 mil 375 Mujeres Tejedoras de la Patria.

De esas cifras me interesa particularmente una decisión: sacar los derechos de las oficinas y llevarlos al territorio. Ahí encuentro una diferencia importante respecto de gobiernos anteriores. Hay una intención de llevar los derechos de las mujeres casa por casa, mediante asambleas comunitarias, organización entre mujeres y participación de las autoridades municipales.

Sabemos que una ley no transforma automáticamente la vida. Entre un derecho escrito y una mujer capaz de ejercerlo puede haber kilómetros de distancia, desconocimiento, dependencia económica, una autoridad indiferente o una comunidad entera que le diga que las cosas siempre han sido así. Por eso me parece relevante que la política de igualdad busque llegar al lugar donde esas desigualdades realmente ocurren: la casa, la colonia, el municipio, la comunidad.

En materia de violencia feminicida, el Informe coloca sobre la mesa otro paso relevante: una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio, incluida la homologación de los tipos penales para facilitar el acceso a la justicia.

La propuesta merece una discusión propia y seguramente habrá que darla. Pero me parece importante que aparezca en el Informe porque reconoce la gravedad de la violencia más extrema contra las mujeres y, al mismo tiempo, uno de los problemas que tantas familias conocen dolorosamente: la desigualdad en las respuestas de las fiscalías, los ministerios públicos y los sistemas de justicia. Homologar criterios también significa dejar de aceptar que el acceso a la justicia dependa del estado donde una mujer fue asesinada.

La perspectiva de género también obliga a mirar políticas que aparentemente no hablan de nosotras. La vivienda es una de ellas. El Gobierno reportó 668 mil viviendas contratadas, 278 mil en construcción y 90 mil asignadas; además, 717 mil familias recibieron créditos o apoyos para mejorar su hogar.

¿La vivienda tiene una mirada de género? Por supuesto. Para una madre, una jefa de familia, una adulta mayor o una mujer que busca salir de un entorno violento, tener patrimonio modifica su capacidad de decidir. Es difícil hablar de libertad cuando ejercerla significa quedarse sin casa o sin ingresos.

Lo mismo sucede con los pueblos indígenas y afromexicanos. La reforma al artículo segundo constitucional y los 25 mil millones de pesos entregados directamente a 19 mil comunidades adquieren otra dimensión cuando recordamos que no existe una única experiencia de ser mujer.

No enfrenta las mismas condiciones una profesionista urbana que una jornalera; una mujer con seguridad social que otra que trabajó toda su vida en la informalidad; una mujer de la ciudad que una indígena o afromexicana. El género se cruza inevitablemente con la clase, el territorio, el origen étnico y el acceso a los recursos.

Hablar de las mujeres exige también hablar de nuestras diferencias.

Por eso creo que una de las lecturas más interesantes del Segundo Informe está ahí. México tiene por primera vez una mujer en la Presidencia, pero sería muy pobre reducir la discusión al hecho de que una mujer ocupa el cargo. La pregunta que importa es si desde ese lugar se están modificando las condiciones en las que vivimos las demás.

Los símbolos, por supuesto, cuentan. Importa que una niña encienda la televisión y vea a una mujer encabezando el Estado mexicano. Importa escuchar Presidenta hasta que la palabra deje de parecernos extraordinaria. Pero el feminismo también nos ha enseñado a desconfiar de la representación cuando ésta no viene acompañada de cambios en la vida concreta. No basta con que las mujeres lleguemos al poder. Hay que preguntarnos qué hacemos con él, cómo se distribuye y a quiénes alcanza.

Esa será la vara con la que habrá que medir este sexenio.

En un mundo donde vuelven a ganar terreno discursos autoritarios y regresivos, muchos de ellos acompañados de una ofensiva contra derechos que creíamos conquistados, no es menor que México sea gobernado por una mujer preparada, inteligente y capaz, ni que sea ella quien encabece hoy la defensa de nuestra soberanía y nuestro rumbo.

Claudia Sheinbaum y el gran movimiento político que la llevó a la Presidencia abrieron una posibilidad histórica que difícilmente podrá desandarse. Pero tampoco creo en la idea de que la historia de un país pueda descansar sobre una sola persona.

Ninguna Presidenta transforma por sí misma relaciones construidas durante siglos. Tampoco ningún gobierno puede hacerlo únicamente desde arriba. Los cambios que permanecen necesitan derechos, instituciones, organización y una sociedad dispuesta a defender aquello que ha conquistado.

Quizá ahí esté la tarea que sigue: entender que acompañar este momento no significa observar a una mujer haciendo historia, sino asumir nuestra responsabilidad colectiva dentro de ella.