La posible trampa del veto oculto en Morena

El pasado domingo, la actual presidenta nacional de Morena sentenció contundentemente:

“Les reiteramos que quien gane la encuesta y tenga malos antecedentes no será candidato y también les pedimos que nos apoyen en no invitar a gente con malos antecedentes, porque les vamos a decir que no”.

Para las y los morenistas de base, también llamados “los puros”, fundadores y demás soñadores, estas palabras suenan como un alivio y una esperanza. Mucha de esta militancia ha sido desplazada y ninguneada, y es consciente de que la gran mayoría de los negativos del Movimiento de Regeneración Nacional se deben al terrible comportamiento de esa gente que, con malos antecedentes, engrosa las filas del nuevo partido oficialista.

Fueron esas invitaciones las que hicieron que Andrés Manuel López Obrador ganara la Presidencia de la República en su tercer intento. Fue el “aiga sido como aiga sido” de la llamada 4T para garantizar un triunfo en las urnas, lejos de la sombra de los fraudes o la compra de votos. Fue también parte de la estrategia para garantizar el Plan C, que logró que Claudia Sheinbaum ocupara la Presidencia con el mayor número de votos de la historia de este país.

Hoy son más de 11 millones de personas afiliadas al partido-movimiento que pasó a ser un partido de masas. Una consecuencia natural como parte de la obtención del poder.

Sin embargo, es en los estados y los municipios donde se matiza más el fenómeno y las consecuencias de los malos antecedentes. Las alcaldías y gubernaturas han sido y son refugio de toda clase de calaña: desde personas incapaces, frívolas y abyectas, hasta personas relacionadas con el crimen organizado, corruptas y traicioneras.

¿Qué pasará cuando el nuevo candado de Morena se utilice también como un recurso político para que gobernadores, caciques y grupos dominantes veten a personas incómodas o ajenas a sus intereses?

¿Gobernadores y gobernadoras que controlan instituciones, fiscalías, tribunales, medios y empresas caerían en la tentación de amplificar o fabricar culpas contra quienes vayan arriba en las encuestas para bajarlos?

Ante la fragmentación, el extravío y la tibieza de la oposición en casi todo el país, la mayoría de los puestos de elección popular en México se deciden en la selección interna de Morena. Por tanto, quien asegura la candidatura casi asegura la victoria.

Ante esa rentabilidad política, los dichos de la presidenta nacional de Morena se convierten en un arma de doble filo. Por un lado, está la urgente necesidad de que, en México, el crimen organizado y las distintas mafias de nuestro país se alejen de posiciones de poder ante las presiones internacionales y locales. Por otro lado, está la herramienta suficiente para dar vuelta a la ya cuestionada encuesta con la que, se asegura, se deciden las candidaturas en la 4T.

Las y los adversarios políticos internos que en las encuestas previas se saben perdedores, como en el fútbol, harán uso del VAR para revisar milimétricamente el comportamiento y el pasado de quien pudiera ser vetado.

Un elemento importante es quién o quiénes se ostentarán como las y los jueces que determinarán quién cuenta con la calidad moral y el pasado intachable para acceder a las candidaturas. Se dice que será la cuestionadísima Comisión de Honor y Justicia de Morena que, desde la llegada de la 4T al Gobierno Federal, ha sido un supuesto mecanismo de vigilancia y sanción, pero que, en la mayoría de los casos, ha dejado pasar centenares de denuncias y malos comportamientos al interior del partido.

Se asegura, casi por usos y costumbres, que la presidenta y las y los gobernadores tienen derecho de veto y no de voto. Con el nuevo candado planteado por Morena, está latente la posibilidad de que los equipos políticos, principalmente de gobernadores, entreguen carretadas de expedientes negros en la puerta de la Presidencia Nacional de Morena.

El riesgo latente está en la opacidad con la que puedan aplicarse los filtros. Cuando conceptos como “malos antecedentes”, “conducta impropia” o “falta de calidad moral” no tienen criterios públicos, verificables y homogéneos, dejan de ser reglas y se convierten en interpretaciones. Y toda interpretación política, cuando depende de quienes controlan las estructuras partidistas, corre el riesgo de utilizarse de manera selectiva: indulgente con los aliados e implacable con los adversarios.

Otro riesgo es que la presunción de inocencia termine subordinada a la rentabilidad electoral. En política no siempre hace falta demostrar una acusación para destruir una candidatura: basta instalar una duda, viralizar un expediente, promover una denuncia o convertir una versión periodística en sentencia anticipada.

Finalmente, existe una contradicción difícil de ignorar. Morena construyó buena parte de su crecimiento bajo una lógica pragmática de puertas abiertas, en la que confluyeron antiguos militantes del PRI, PAN, PRD y otras fuerzas políticas.

Muchas figuras llegaron con historias públicas, expedientes políticos y cuestionamientos conocidos. Si ahora el partido pretende elevar la vara ética, tendrá que explicar por qué determinados antecedentes fueron tolerables cuando se necesitaban votos, operadores y estructuras territoriales, pero podrían convertirse en impedimentos justamente cuando comienza la disputa por las candidaturas.

Hasta la próxima