Jueves 03 de Septiembre de 2026 |
Los informes de gobierno, más allá de las cifras y obras, ofrecen un espacio para reflexionar sobre el rumbo que toma una administración. Cada gobierno hereda una estructura con fortalezas, pero también con inercias. Ajustar esa realidad es un proceso lento, que pocas veces da resultados inmediatos. Reconocer un gobierno no significa justificar lo que falta. La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados, pero también a conocer con claridad los retos pendientes. El éxito real no solo está en concluir programas, sino en dejar instituciones más fuertes, más capaces de responder a la sociedad. Ese, quizás, es el reto más grande de cualquier administración. Bajo esa perspectiva, el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puede leerse más allá de una nota cotidiana sobre simpatías políticas. Hay una pregunta más importante: ¿qué está quedando construido después de estos primeros años de administración? Las cifras presentadas apuntan, en distintos frentes, hacia una expansión de las capacidades del Estado. En salud, por ejemplo, el programa Salud Casa por Casa plantea una modificación relevante en la manera de acercar los servicios públicos a la población. De acuerdo con las cifras difundidas, 20 mil trabajadoras y trabajadores de la salud recorren el país y ya se han realizado más de 18 millones de consultas médicas gratuitas a domicilio. Más allá del número, el cambio institucional está en llevar la prevención hasta los hogares y no esperar únicamente a que el ciudadano llegue a una unidad médica. Algo similar ocurre con la infraestructura. Se reporta la construcción de 33 hospitales nuevos, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud en apenas 20 meses. También se plantea que, al concluir 2026, habrán sido construidas 401 preparatorias, 13 Universidades Rosario Castellanos y 25 Universidades Benito Juárez, además de 73 mil escuelas mejoradas. La importancia de estos datos no está únicamente en la obra inaugurada. Una infraestructura pública permanece más allá del ciclo político que la construye. Un hospital, una escuela o una universidad representan capacidad instalada del Estado para atender una necesidad social durante muchos años. En ese sentido, el indicador más importante no debería ser solamente cuántas obras se terminan, sino qué tan capaces son las instituciones que las administran para convertirlas en servicios de calidad. La misma lógica puede observarse en materia de vivienda. El gobierno reporta 335 mil escrituras entregadas, 277 mil viviendas en construcción y cinco millones de créditos reestructurados. Según las cifras difundidas, siete millones de familias mexicanas se han beneficiado con algún programa de vivienda. En materia económica, el informe también presenta indicadores que merecen ser observados con cuidado. El salario mínimo habría pasado de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a 9 mil 584 pesos en 2026, mientras que la pobreza laboral se encuentra, de acuerdo con las cifras difundidas, en su nivel más bajo desde 2005. México mantiene, además, una de las tasas de desempleo más bajas del mundo y se reporta un récord en inversión extranjera directa. En lo personal, me tocó vivirlo de cerca en la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, con la recuperación de Acapulco como destino turístico emblemático, con la constitución del Centro Integralmente Planeado (CIP) y también con el Nuevo FONATUR y la declaratoria de interés público del Turismo Comunitario como una prioridad de Estado. La infraestructura vuelve a aparecer como una de las apuestas centrales. Se reportan 709 kilómetros de nuevas carreteras, 78 puentes y 135 caminos artesanales, además de la construcción de más de 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros. Los trenes Insurgente y Felipe Ángeles ya se encuentran en operación en los tramos señalados por el gobierno. Lo mismo puede decirse de la política energética. La construcción de centrales eólicas, plantas geotérmicas y parques solares, así como la ampliación del acceso a electricidad para más de 13 mil comunidades, plantea una discusión que va más allá de la generación de infraestructura: ¿qué modelo energético permitirá al país sostener su desarrollo durante las próximas décadas? Y quizá uno de los indicadores que más directamente permite observar la capacidad del Estado es la seguridad. Las cifras difundidas señalan una reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos durante 22 meses y una disminución de 32 por ciento en los delitos de alto impacto. Estos datos son relevantes, pero precisamente por la gravedad del problema deben ser analizados con rigor. La seguridad no se construye únicamente con una reducción estadística. Requiere policías profesionales, investigación, coordinación institucional, procuración de justicia, prevención y capacidad para recuperar territorios. Si la tendencia se sostiene, entonces estaremos frente a algo más importante que una cifra favorable: estaremos frente al fortalecimiento progresivo de una política pública. Ese es precisamente el punto donde un informe de gobierno deja de ser un inventario de resultados y se convierte en una evaluación del Estado. Porque gobernar no consiste únicamente en anunciar. Tampoco consiste únicamente en construir. Gobernar significa desarrollar capacidades para que las políticas públicas sobrevivan al discurso, al periodo electoral y, eventualmente, al propio gobierno que las puso en marcha. Por eso resulta interesante observar también aquello que normalmente no ocupa los grandes titulares: médicos que llegan a los hogares, escuelas que permanecen, universidades que acercan la educación superior, escrituras que dan certeza patrimonial, carreteras que conectan comunidades, infraestructura energética que amplía capacidades y programas sociales que llegan directamente a millones de personas. El Segundo Informe de Claudia Sheinbaum ofrece, con sus propias cifras, una fotografía de un gobierno que está intentando ampliar la presencia y capacidad operativa del Estado. Eso no significa que todo esté resuelto. Tampoco que los resultados sean suficientes para cerrar la discusión pública. Significa, simplemente, que existe materia concreta para evaluar. Y esa evaluación debe ser exigente. Al final, el verdadero balance de una administración no debería medirse solamente por cuántas obras inauguró, cuántos programas anunció o cuántas cifras favorables presentó. Debería medirse por algo más difícil: qué tan diferente queda el Estado después de haber pasado por ella. Si los hospitales funcionan, si las escuelas educan, si las carreteras conectan, si la seguridad mejora, si los programas sociales reducen vulnerabilidades y si las instituciones adquieren mayor capacidad para responder a los problemas públicos, entonces podremos hablar no solamente de resultados de gobierno, sino de fortalecimiento institucional. Del discurso a los resultados hay una distancia considerable. Reducirla requiere tiempo, evaluación y capacidad administrativa. Pero es precisamente en esa distancia donde se juega buena parte del éxito de cualquier gobierno. Porque un gobierno termina. Las instituciones permanecen. |
