Martes 08 de Septiembre de 2026 |
Se dicen sorprendidos, hipócritamente se deslindan o, en algunos casos, aducen persecuciones políticas. Ya sean de Morena, PAN, PRI, MC, PVEM… a todos los liderazgos partidistas y de gobierno se les va la memoria cuando cae algún alcalde involucrado en delitos menores o de alto impacto. En realidad, el enemigo está en casa. Para nadie es un secreto que todos los partidos políticos han acogido una forma de designar a sus candidatos a presidentes municipales que, si bien es cierto, toma en cuenta la popularidad y posible arrastre electoral, lo que verdaderamente importa es que tengan recursos económicos suficientes (sin importar de dónde vengan) y cuenten con el control territorial. Se convirtió en un asunto muy cómodo para las dirigencias partidistas: designar candidaturas de caciques regionales o líderes que les garanticen inyección de vastos recursos para lograr triunfos holgados a nombre de sus siglas, sin importar si el dinero es legal o si proviene de la delincuencia organizada; sin importar que los votos se consigan ya sea bajo amenazas delincuenciales o gracias al gran arraigo social que el delito ha logrado en vastos territorios. Por supuesto, una vez que están en el poder, tienen el control absoluto no sólo de la nómina municipal o del presupuesto local, sino de todos los negocios: asignan obras públicas a sus constructoras creadas con prestanombres, dan contratos a todo tipo de empresas ligadas a su red de financiamiento y expanden su poder a municipios aledaños, donde, bajo amenazas delincuenciales, obligan a autoridades a contratar sus servicios. La reciente detención del alcalde de Esperanza, Puebla, el morenista Isaac Rodríguez Ochoa, capturado junto a varios sujetos y con un importante arsenal (señalados de estar presuntamente involucrados en el robo a transporte en las carreteras Puebla-Veracruz), muestra esa realidad que todo mundo sabe. Es un secreto a voces, por ejemplo, que en amplias regiones de Puebla muchos alcaldes son líderes delincuenciales o sirven a algún grupo; incluso hay hijas o hermanos de presuntos capos que están al frente de alcaldías. En otros estados, como Veracruz, la autoridad local protege a grupos locales de la delincuencia organizada y ahí están las detenciones de alcaldes y jefes policiacos. Por supuesto, los líderes de Morena y de todos los partidos se dicen sorprendidos y aseguran que nadie sabía de las actividades ilícitas de sus representantes; guardan silencio, mientras que otros aducen persecuciones políticas contra sus alcaldes. Las autoridades estatales, por supuesto, se hacen de la vista gorda. Están más ocupadas en apuntalar candidaturas para las próximas elecciones que les garanticen continuidad, no del proyecto —por ejemplo— de la Cuarta Transformación, sino de sus proyectos personales, que les aseguren lealtades sin importar el partido en el que estén en un futuro o como una forma de tener un coto de poder para negociar con las cúpulas nacionales. |
