Viernes 18 de Septiembre de 2026 |
En el México contemporáneo, el discurso oficial se viste con las galas de la transformación histórica: presenciamos la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la titularidad femenina en carteras estratégicas para la gobernabilidad y la justicia del país, como la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República. Desde las tribunas nacionales se repite como mantra que "llegamos todas". Sin embargo, basta con descender al plano estatal y territorial para comprobar que, para la clase política tradicional, las mujeres seguimos ocupando un lugar condicionado: el de la cuota simulada o la tutela paternalista. Las recientes declaraciones del Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, al justificar la exclusión de las mujeres en las tareas de mando y combate a la delincuencia en zonas complejas bajo el pretexto del "riesgo", no son una desafortunada pifia discursiva; son la radiografía sin filtro del pensamiento patriarcal que aún domina las estructuras del poder local. Sostener que una mujer no debe ni puede encabezar las estrategias de seguridad o la gestión pública en municipios violentos porque es un "tema de peligro" nos despoja de golpe a las mujeres de nuestra cualidad como sujetas políticas autónomas, capacitadas y con pleno derecho a la toma de decisiones. Bajo la falsa premisa de la "protección", el poder estatal reinstala un veto misógino: la seguridad sigue concibiéndose como un feudo exclusivamente masculino, militarizado y vertical. Señor Gobernador: ojalá haya en su entorno quien le señale con rigor que cada una de sus palabras estuvo profundamente impregnada de estereotipos de género, misoginia y un rancio machismo institucional. Decir que las mujeres "no pueden" asumir el mando en momentos de crisis invalida la trayectoria, el profesionalismo y la capacidad técnica de miles de abogadas, criminólogas, defensoras y servidoras públicas que habitan y gestionan la complejidad social día con día. Su aparato estatal ha desplegado a funcionarias y servidoras públicas a las tribunas, pero esa parafernalia de propaganda no es perspectiva de género; es pura y llana instrumentación política. Colocar a mujeres a hacer de escudo verbal para el poder no borra la ausencia estructural de una convicción paritaria. La perspectiva de género no consiste en tomarse la foto con un gabinete equitativo mientras en las reuniones operativas se nos concibe como entes frágiles que requieren permiso o tutela para ejercer el mando. Consiste en reconocer que el derecho a gobernar y a pacificar los territorios nos pertenece por igual. Lo ocurrido en Puebla es un crudo recordatorio de por qué los organismos internacionales estiman que aún nos faltan más de cien años para alcanzar la igualdad sustantiva. La brecha no es solo legislativa; es cultural e ideológica. Cuando desde la máxima magistratura de un estado se verbaliza que las mujeres estamos incapacitadas para el mando en escenarios violentos, se consolida la idea de que la ciudadanía femenina es de segunda categoría. En los municipios rurales, en las periferias y en las comunidades donde la violencia no es una abstracción de oficina sino una realidad cotidiana, las mujeres jóvenes, las campesinas y las activistas ya defendemos el territorio y sostenemos la vida sin contar con el cobijo del Estado. Niega la realidad territorial quien cree que las mujeres le temen al riesgo; lo que enfrentamos a diario es la violencia sistemática y la condescendencia de los gobernantes. Al final, la decepción no proviene de la falta de expectativas, sino de la constatación de que la retórica progresista se desmorona al primer arranque de pragmatismo machista. Se suele decir en el plano popular: nunca se espera nada de la vieja política y, aun así, siempre se las arreglan para decepcionarnos. La paridad en Puebla no puede ser un adorno de campaña ni una concesión decorativa; es un mandato constitucional y una deuda histórica que no se salda con discursos mandatados, sino con el reconocimiento pleno de nuestra capacidad para mandar, decidir y transformar.
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