Ayotzinapa: doce años después, la memoria y la responsabilidad

El 26 de septiembre de 2014 es una de ellas. Aquella noche, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Doce años después, seguimos frente a una pregunta que no puede responderse únicamente desde la política: ¿qué nos dice Ayotzinapa sobre el Estado mexicano, sobre nuestra democracia y sobre nuestra capacidad para proteger a quienes se movilizan?

Los estudiantes de Ayotzinapa no estaban simplemente transitando por Iguala. Participaban en una tradición histórica de organización y movilización estudiantil. El GIEI documentó que las actividades de los normalistas fueron objeto de seguimiento durante años por distintas autoridades y que, en septiembre de 2014, existía información sobre sus movimientos y sobre su intención de trasladarse a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre. También existen investigaciones que documentaron la relación entre organizaciones criminales y autoridades locales.

Aquí aparece una distinción que considero indispensable. No todas las desapariciones tienen la misma naturaleza. Una persona desaparecida por una organización criminal y un estudiante desaparecido en el contexto de una movilización política son víctimas con exactamente la misma dignidad y el mismo derecho a ser buscadas, pero los hechos que rodean cada caso pueden generar responsabilidades distintas para el Estado.

Cuando existen indicios de participación, conocimiento, tolerancia u omisión de autoridades, la responsabilidad pública adquiere una dimensión diferente. En Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sostuvo que las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y que sus acciones y omisiones contribuyeron a que ocurrieran los hechos. El GIEI, por su parte, documentó que autoridades recibieron información sobre las agresiones mientras estas ocurrían.

Por eso Ayotzinapa no puede reducirse a la historia de una confrontación entre estudiantes y el Estado. Tampoco puede reducirse a una consigna política. Es un caso que obliga a preguntarnos qué ocurre cuando el crimen organizado consigue penetrar instituciones públicas y cuando las instituciones encargadas de proteger a la sociedad dejan de actuar, actúan tarde o incluso participan en la construcción de la impunidad.

Y aquí aparece otra discusión de nuestro tiempo: la utilización del concepto “narcoestado”. En los últimos años, esta expresión se ha utilizado para describir al México de la Cuarta Transformación. Aunque si realmente queremos hablar de la relación entre crimen organizado y poder público, la discusión no debe comenzar en 2018. Tiene que mirar hacia atrás.

El caso de Genaro García Luna quién fuera secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón fue declarado culpable en Estados Unidos en 2023 de delitos relacionados con su colaboración con el Cártel de Sinaloa y en 2024 recibió una sentencia de 460 meses de prisión.

Esto no significa que los problemas actuales deban ignorarse. Tampoco significa que los gobiernos anteriores deban utilizarse como argumento para justificar cualquier irregularidad presente.

Si la expresión “narcoestado” pretende describir la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas, entonces no puede convertirse en una etiqueta partidista que aparezca o desaparezca dependiendo de quién ocupa Palacio Nacional. El problema debe analizarse históricamente: qué instituciones fueron infiltradas, quiénes participaron, qué funcionarios fueron procesados, qué investigaciones avanzaron y cuáles fueron deliberadamente obstaculizadas.

Y aquí, paradójicamente, Ayotzinapa también permite reconocer una diferencia entre gobiernos.

La investigación de 2014 estuvo marcada por la llamada “Verdad Histórica”, cuya explicación sobre la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula fue posteriormente cuestionada por el GIEI por falta de sustento probatorio. En los años posteriores, la investigación tuvo que ser replanteada; durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó en 2019 una unidad especializada para el caso y se incorporaron nuevas líneas de investigación, archivos, análisis telefónicos y las llamadas provenientes de Chicago.

Eso tampoco significa que la 4T haya resuelto Ayotzinapa. No ha sucedido. Los estudiantes siguen sin ser localizados y las familias continúan esperando verdad y justicia. Pero sería igualmente incorrecto afirmar que nada cambió.

En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República informó que un nuevo reanálisis del expediente había abierto nuevas líneas de investigación para conocer el paradero de los 43 estudiantes y determinar responsabilidades. Ese mismo mes, un exgobernador de Guerrero fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada, bajo la acusación de haber ocultado información relevante relacionada con el caso. Se trata de una imputación y el proceso judicial deberá determinar las responsabilidades correspondientes; no de una condena definitiva.

Por eso la discusión que deberíamos tener en 2026 no es quién grita más fuerte “Ayotzinapa” ni quién utiliza mejor la palabra “narcoestado”. La discusión debería ser qué Estado queremos construir frente al crimen organizado y frente a la protesta social.

Porque hay otra dimensión que no debemos perder: los estudiantes de Ayotzinapa representan una tradición de movilización estudiantil como mecanismo de transformación social. México tiene una larga historia de jóvenes que se organizan, protestan, cuestionan al poder y exigen cambios. Una democracia no puede considerar la movilización social como una amenaza por sí misma. Puede sancionar delitos, pero debe distinguir entre protesta, disidencia, violencia y delincuencia.

Y tampoco debemos construir una jerarquía entre las víctimas. El joven desaparecido por una organización criminal y el estudiante desaparecido en el contexto de una movilización tienen la misma dignidad. Sus familias tienen el mismo derecho a encontrar a sus seres queridos. Lo que puede ser diferente es la naturaleza del delito, el contexto y, por consecuencia, las responsabilidades que debe investigar el Estado.

Ayotzinapa nos obliga entonces a mirar en dos direcciones al mismo tiempo: hacia el crimen organizado, cuya capacidad de penetración institucional ha quedado demostrada en distintos momentos de nuestra historia reciente; y hacia las propias instituciones del Estado, porque cuando un funcionario público colabora con una organización criminal, cuando una autoridad encubre información o cuando una investigación se desvía deliberadamente, el problema deja de ser solamente criminal y se convierte en un problema de Estado.

Doce años después, la deuda sigue siendo enorme. No basta con recordar a los 43 cada septiembre. Tampoco basta con utilizar sus nombres para golpear políticamente al gobierno de turno. La verdadera obligación es mucho más incómoda: encontrarlos, esclarecer qué ocurrió, llevar ante la justicia a todos los responsables y garantizar que ningún joven vuelva a desaparecer por ejercer su derecho a organizarse, protestar o disentir.

La memoria de Ayotzinapa no pertenece a un partido, a un gobierno ni a una ideología. Pertenece a sus familias. Y mientras no exista una respuesta definitiva sobre el destino de los estudiantes, la democracia mexicana seguirá teniendo una pregunta pendiente.

Porque doce años después, más allá de gobiernos, partidos y consignas, queda una exigencia que sigue siendo tan sencilla como contundente:

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!