27 de Septiembre de 2026 |
Lo que menos importa a estas alturas es la tipificación oficial de la tragedia en el caso de Rubén Alberto Curiel Tejada. La Fiscalía General del Estado de Puebla en su afán por simular eficacia antes que impartir justicia, aceleró un carpetazo a costa de una tragedia. Lo que hoy tenemos enfrente es una víctima más de la omisión institucional, de la impunidad rampante en Puebla y del profundo hartazgo ciudadano. En la memoria colectiva siempre pesará la sombra de la duda sobre lo que ocurrió con el exfiscal Anticorrupción. El actuar de la Fiscalía General del Estado de Puebla deja, como de costumbre, más certezas de su conveniencia que de la verdad y la justicia. Un organismo que ha hecho de la dilación su sello distintivo, pero que cuando sus intereses están en juego opera con una celeridad inusual.
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Comparaciones sobran, pero aquí la más inmediata:Tras el secuestro y asesinato del hijo del alcalde de Tecamachalco, la autoridad tardó cerca de 24 horas en emitir un escueto pronunciamiento. Sin embargo, ante el caso del exfiscal Rubén Alberto Curiel Tejada, la velocidad fue sospechosa. En cuestión de horas, la Fiscalía dio carpetazo, con boletín publicado y esquela incluida. Los detalles minuciosos de lo supuestamente acontecido hacían que el mismísimo viento soplara como en la Rosa de Guadalupe.
Resolvieron en tiempo récord un hecho que comúnmente les tomaría años -si bien les va-, o terminaría acumulando polvo en la pila de carpetas archivadas. Las familias de las más de 2,800 personas desaparecidas en Puebla son los testigos más dolorosos del uso faccioso de la justicia. El informe “Radiografía de la Impunidad” lo plasma con crudeza al señalar que el 75.8% de los delitos en el estado quedan sin resolver. Sin embargo, con el caso del exfiscal de manera inédita la justicia se volvió pronta y expedita.
¿Qué rol fungieron los medios de comunicación?A la crisis de desprestigio institucional se le suma el colapso del manejo informativo. Como ya es costumbre, emergieron de inmediato los detectives del CIS -versión poblana- de las redes sociales, pontificando su “verdad” antes de que siquiera se enfriara la escena. El riesgo de alimentar a plumas adiestradas que reproducen la versión oficial sin pudor ni contraste es que terminan por sepultar su propia credibilidad. Hoy, cualquier narrativa oficial nace bajo sospecha, porque resulta imposible discernir entre un hecho verídico y una consigna dictada a voceros disfrazados de periodistas. Administraciones van y administraciones vienen, pero al final la práctica se hereda: financiar un periodismo de consigna, dócil y complaciente. Construyeron sus propios monstruos de propaganda y hoy, cuando desesperadamente necesitan credibilidad, no les queda ni un gramo de confianza ciudadana. Pocos creyeron la versión oficial de “una muerte autoinfligida” y ese es el verdadero costo de impartir una justicia basada en modelos de simulación: cuando la verdad hace falta, la duda se vuelve costumbre. Una institución sin credibilidad es, en el fondo, una institución derrotada.
¿Suicidio o no? Eso ya es lo de menos.
Lo verdaderamente grave es que tenemos un ser humano menos, una familia destrozada y mediáticamente expuesta, un sistema de justicia colapsado y el constante mal sabor de boca de que la verdad nos la siguen entregando a conveniencia.
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