Miércoles 30 de Septiembre de 2026 |
La muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda dejó una lección que el gobierno de Puebla y la Fiscalía General del Estado deberían revisar más allá de las conclusiones de la investigación. Tiene que ver con la forma en que decide comunicar, con los medios que escoge para hacerlo y con una idea bastante extendida en la política poblana: creer que mucha audiencia equivale a mucha credibilidad. Desde las primeras horas posteriores al hallazgo de Curiel en el estacionamiento del CIS Angelópolis, la Fiscalía poblana colocó públicamente la hipótesis de una muerte autoinfligida. Lo hizo cuando las diligencias apenas comenzaban. Aquella rapidez generó cuestionamientos y abrió un espacio enorme para las sospechas. Después aparecieron voces que pidieron incluso la intervención de la Fiscalía General de la República. Con el paso de los días surgieron más elementos. La esposa de Rubén Curiel confirmó públicamente que su esposo se había quitado la vida y pidió respeto para la familia. Este martes 29 de septiembre, la fiscal Idamis Pastor presentó videos, resultados periciales y una reconstrucción de los últimos movimientos del funcionario dentro del CIS. La Fiscalía sostiene, a partir de esos elementos, la hipótesis del suicidio, aunque la investigación continúa abierta. Durante los días previos a la presentación formal de la Fiscalía comenzaron a circular entre algunas y algunos periodistas datos que posteriormente aparecieron dentro de la explicación oficial. Se habló de la prueba de rodizonato, de conversaciones familiares, de los videos del CIS y de otros elementos de la investigación. Aseguraron haber tenido acceso a información filtrada de la Fiscalía; uno de ellos incluso habló públicamente de “material exclusivo”. A ver, cuando información delicada de una investigación ministerial comienza a aparecer fragmentada en cuentas, portales o espacios periodísticos antes de que la autoridad responsable la explique completa, el resultado resulta exactamente el contrario al que busca quien filtra. Una prueba deja de parecer una prueba y empieza a parecer parte de una operación para instalar una versión. En casos sensibles como este la crisis se hace mayor. Durante años, gobiernos de todos los colores aprendieron a medir comunicación contando seguidores, reproducciones, menciones y publicaciones. Es cómodo. Son números fáciles de presumir en las reuniones. Una persona periodista puede mostrar cientos de miles de vistas y parecer enormemente influyente. ¿Y la gente le cree? Un comunicador puede tener una publicación con medio millón de reproducciones y recibir debajo cientos de comentarios que lo acusan de mentir, exagerar o defender al gobierno. Técnicamente consiguió alcance. Políticamente causó mucho más daño. Su descrédito lo hereda la institución que defiende. Si una autoridad entrega información privilegiada a un medio cuya audiencia recibe sistemáticamente sus contenidos con incredulidad, también está entregando parte de la credibilidad de la institución. El fenómeno es así: El o la periodista publica una supuesta exclusiva. Sus seguidores desconfían. Otros usuarios cuestionan de dónde salió la información. Aparecen acusaciones de filtración interesada. La publicación circula más porque genera polémica. Alguien presenta después una gráfica y celebra que consiguió cientos de miles de impactos. En tanto, la versión institucional se está desgastando antes de haber sido presentada. Hoy, días después, la Fiscalía muestra públicamente algunos de esos mismos elementos, buena parte de la audiencia ya los había conocido dentro de una conversación contaminada por sospechas. Entonces ocurre algo particularmente dañino para cualquier autoridad: información que podría tener valor probatorio llega ante la opinión pública convertida en argumento de una disputa política. El caso Curiel ilustra ese riesgo con claridad. La Fiscalía presentó este martes imágenes de videovigilancia, información sobre el arma encontrada y otros elementos de la investigación. La Fiscalía tendría que aspirar a que sus pruebas hablen cuando están documentadas, contextualizadas y sean explicadas por quienes tienen responsabilidad legal sobre ellas. Convertirlas previamente en exclusivas periodísticas las debilitó frente a la opinión pública. Hay además un costo para el propio gobierno de Alejandro Armenta. La publicación más vista puede ser también la más repudiada. La cuenta con mayor número de interacciones puede tener una comunidad dedicada casi exclusivamente a cuestionarla. Un millón de reproducciones sirve de poco si después de ver el contenido la ciudadanía confía menos en quien lo emitió. En comunicación pública importa quién dice las cosas. Importa también cuándo las dice. La muerte de una persona en las circunstancias de las del abogado Curiel y la investigación ministerial requerían prudencia. La credibilidad funciona de una manera cruel. Tarda años en construirse y puede perderse rápidamente. Además, se contagia. Cuando una institución coloca sistemáticamente sus mensajes en espacios percibidos como propagandísticos, termina compartiendo con ellos su reputación. Cualquier gobierno que compra tráfico por encima de credibilidad está comprando problemas. Apostar por voces que generan ruido, polémica y miles de reproducciones puede inflar las métricas durante unas horas, pero también deteriorar la confianza en los mensajes oficiales. La vieja lógica de “que hablen mal de ti, pero que hablen” es arcaica en un ecosistema donde cada publicación deja huella, acumula rechazo y puede reforzar una percepción negativa durante meses. Para una institución pública, la visibilidad sin confianza tiene poco valor; cuando además se paga por ella, el costo termina siendo también reputacional. Hasta la próxima. |
