Lunes 26 de Octubre de 2026

Hay problemas públicos que se vuelven visibles cuando dejan de funcionar los servicios que damos por hecho. La basura es uno de ellos. Mientras los residuos se recogen y desaparecen de nuestras calles, pocas veces nos preguntamos adónde van, qué sucede con ellos y cuánto cuesta, ambiental y socialmente, mantener el modelo actual.

En Puebla, esas preguntas ya no pueden postergarse.

La comparecencia del Organismo Operador del Servicio de Limpia, realizada este 26 de octubre, puso nuevamente el tema sobre la mesa. De acuerdo con la información presentada, el relleno sanitario de Chiltepeque recibió 662 mil 616 toneladas de residuos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Además, continúa operando al 80 por ciento de su capacidad, con cinco observaciones ambientales pendientes de atención ante la autoridad federal.

Estos datos no significan que debamos anticipar un colapso, pero sí que necesitamos mirar más allá de la operación cotidiana. La gestión de residuos exige vigilancia, planeación y soluciones sostenibles. Cumplir las medidas ambientales y garantizar la seguridad de las instalaciones no puede ser una tarea secundaria: es una obligación frente a la ciudadanía y al medio ambiente.

El problema tampoco se limita a la capital. La zona metropolitana comparte dinámicas de movilidad, crecimiento urbano, consumo y generación de residuos. Cuando la infraestructura de disposición final enfrenta restricciones, las consecuencias pueden extenderse a otros municipios. La basura, como muchos problemas metropolitanos, no reconoce fronteras administrativas.

Por eso, la pregunta relevante no es únicamente dónde depositaremos los residuos, sino qué estamos haciendo para generar menos, aprovechar más y disponer de manera segura aquello que no puede recuperarse.

Durante décadas, buena parte de la gestión de residuos se ha concentrado en recogerlos, transportarlos y depositarlos. Esa tarea es indispensable, pero resulta insuficiente frente a los desafíos ambientales y urbanos actuales. Un relleno sanitario técnicamente adecuado cumple una función necesaria; sin embargo, no puede convertirse en la única respuesta de una política pública.

El cambio requiere asumir que los residuos no son solamente un desecho, sino también un desafío de planeación y una oportunidad de aprovechamiento. México necesita avanzar hacia una gestión integral que priorice la prevención, la reducción, el reciclaje y el aprovechamiento, sin descuidar la disposición final de aquello que no puede recuperarse.

¿Qué debemos hacer?

Primero, fortalecer la transparencia y la vigilancia ambiental. La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de operación de los sitios de disposición final, los resultados de los monitoreos, el manejo de lixiviados, las medidas correctivas y los plazos para cumplirlas. La información ambiental no debe aparecer únicamente cuando existe una contingencia: debe estar disponible de manera periódica, clara y comprensible.

Segundo, construir una estrategia metropolitana de gestión de residuos. Los municipios necesitan coordinarse, compartir información y establecer mecanismos de contingencia que eviten que las restricciones de un sitio comprometan la continuidad del servicio en toda la región. Esto implica planear infraestructura, definir responsabilidades y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, dentro de sus respectivas competencias.

Tercero, reducir la cantidad de residuos que llega a disposición final. La separación desde los hogares, el reciclaje, el aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante composta y la participación del sector productivo deben formar parte de una política integral, con infraestructura suficiente, objetivos medibles y evaluación periódica. Pedirle a la ciudadanía que separe sus residuos sin garantizar alternativas para su aprovechamiento no es suficiente.

También debemos hablar de corresponsabilidad. Las autoridades tienen la obligación de prestar servicios eficientes, vigilar el cumplimiento de la normativa y proteger el medio ambiente. Las empresas deben asumir sus obligaciones ambientales y avanzar hacia procesos de producción más sostenibles. La ciudadanía, por su parte, puede contribuir reduciendo el consumo innecesario, separando los residuos y participando en las soluciones comunitarias.

Pero la corresponsabilidad no significa diluir las obligaciones de cada actor. Significa que cada quien debe cumplir la parte que le corresponde y que los resultados puedan comprobarse.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, el desafío es pasar de una respuesta centrada en la disposición final a una gestión integral, preventiva y evaluable. No basta con medir cuántas toneladas se recogen o cuántos camiones circulan. También necesitamos saber cuánto se reduce, cuánto se recupera, qué riesgos ambientales se evitan y qué tan preparada está la región para responder ante una contingencia.

Puebla necesita resolver las exigencias del presente sin comprometer su futuro. Eso implica dejar de tratar la basura como un asunto secundario de los servicios municipales y reconocerla como un problema de salud pública, sustentabilidad, planeación urbana y gobernanza metropolitana.

La calidad de una política pública también se mide por aquello que logra prevenir antes de que se convierta en una emergencia.

La basura no desaparece cuando sale de nuestra vista. Simplemente cambia de lugar. El verdadero reto consiste en que deje de ser un problema que trasladamos de una comunidad a otra y se convierta en una responsabilidad que sabemos gestionar.

Porque una ciudad limpia no es solamente la que recoge sus residuos, sino la que aprende a producir menos, aprovechar mejor sus recursos y proteger la salud y el entorno de quienes la habitan.