Martes 03 de Noviembre de 2026 |
En materia de seguridad pública, hay una pregunta que merece más atención que la discusión sobre qué indicador refleja mejor la realidad: ¿qué está haciendo que tantas personas no se sientan seguras en la ciudad donde viven? La pregunta cobra relevancia frente a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados por el INEGI en octubre. En septiembre de 2026, el 84.5% de la población adulta de Puebla capital consideró inseguro vivir en la ciudad. El porcentaje colocó a Puebla en el cuarto lugar nacional, 26.4 puntos porcentuales por encima del promedio de las 91 áreas urbanas evaluadas, que fue de 58.1%. Ante estos resultados, se ha señalado que un aumento en la percepción de inseguridad no necesariamente significa que los delitos hayan aumentado en la misma proporción. La precisión es válida: percepción e incidencia delictiva son mediciones distintas. Sin embargo, reconocer esa diferencia no resuelve el problema de fondo. Tampoco debería convertirse en una explicación suficiente frente a una preocupación ciudadana de esta magnitud. La percepción no es una cifra que pueda descartarse por no coincidir exactamente con los registros administrativos. Es una dimensión de la seguridad que permite conocer cómo las personas experimentan su entorno, qué riesgos identifican, qué espacios evitan y cuánto confían en las instituciones responsables de protegerlas. El miedo al delito tiene una naturaleza compleja. No se origina exclusivamente en haber sido víctima de una conducta delictiva. También puede construirse a partir de experiencias cercanas, situaciones de violencia observadas, deterioro del entorno, conflictos comunitarios, información que circula en la sociedad y, de manera importante, la percepción de que las autoridades no tienen capacidad suficiente para responder. Por eso, una persona puede no haber presentado una denuncia y, aun así, modificar sus horarios, evitar determinadas calles, dejar de utilizar un parque o sentir temor al utilizar el transporte público. Esas decisiones tienen consecuencias sobre su libertad, su convivencia y su calidad de vida. En los estudios contemporáneos sobre seguridad ciudadana en América Latina existe una discusión que considero indispensable recuperar: el miedo no puede entenderse únicamente como un efecto secundario de la delincuencia. También está relacionado con las desigualdades, la fragilidad de los vínculos comunitarios y la legitimidad de las instituciones. La seguridad, por tanto, no se construye exclusivamente desde la capacidad de reacción policial, sino desde la capacidad del Estado para generar protección, confianza y condiciones de convivencia. Esta distinción importa particularmente en el ámbito municipal. Una estrategia de seguridad que se concentra solamente en los operativos puede atender manifestaciones concretas del problema, pero corre el riesgo de dejar intactos los factores que producen inseguridad en determinados territorios. La presencia policial es necesaria, pero también debemos preguntarnos cómo es esa presencia, qué relación establece con la comunidad, qué tan accesible resulta para las personas y si existe capacidad para atender los problemas antes de que escalen. La legitimidad de una corporación no depende solamente de su despliegue operativo; se construye mediante actuaciones profesionales, respuestas oportunas, respeto a los derechos humanos y confianza ciudadana. Hay otra dimensión que merece atención: el espacio público. Una calle sin iluminación, un parque abandonado, un trayecto peatonal deteriorado o un entorno donde se toleran conductas que afectan la convivencia pueden convertirse en condiciones que incrementan la vulnerabilidad y el temor. No todos estos problemas se resuelven con una patrulla. Requieren coordinación institucional, intervención urbana, servicios públicos, participación vecinal y políticas de prevención. Esto obliga a superar una visión fragmentada del gobierno. La seguridad no puede ser responsabilidad exclusiva de una secretaría ni evaluarse únicamente por el número de detenciones, patrullajes u operativos realizados. Es necesario que las distintas áreas municipales compartan diagnósticos, objetivos y responsabilidades, con intervenciones diferenciadas según las características y necesidades de cada colonia. También necesitamos mejorar la manera en que evaluamos las estrategias. No basta con informar cuántas acciones se realizaron; debemos conocer qué resultados produjeron. ¿Se redujeron los factores de riesgo en los lugares intervenidos? ¿Mejoró la respuesta policial? ¿Se recuperaron espacios públicos? ¿La comunidad utiliza nuevamente esos espacios? ¿Existe mayor confianza para denunciar y solicitar ayuda? Estas preguntas permiten vincular los indicadores de incidencia delictiva con los de percepción, victimización, confianza y desempeño institucional. Ninguno, por separado, ofrece una explicación completa. En conjunto, pueden proporcionar un diagnóstico más útil para tomar decisiones. El dato de Puebla merece, por tanto, algo más que una discusión sobre su correspondencia con las estadísticas delictivas. Merece una revisión seria de las condiciones que están generando temor y de la eficacia de las respuestas públicas. No se trata de desconocer los esfuerzos que realizan las instituciones de seguridad ni de descalificar las estrategias en marcha. Se trata de asumir que la política pública debe estar abierta a la evaluación y que los resultados que no satisfacen las expectativas ciudadanas representan información que debe orientar nuevas decisiones. Gobernar la seguridad exige escuchar incluso aquello que resulta difícil de explicar. Porque detrás de un porcentaje hay personas que han dejado de sentirse libres para caminar, trasladarse, convivir y disfrutar su ciudad. El miedo no se resuelve discutiendo si está bien o mal medido. Se enfrenta comprendiendo sus causas, fortaleciendo las instituciones y transformando las condiciones que lo producen. Esa es una responsabilidad pública que no podemos eludir. |
