Martes 03 de Noviembre de 2026 |
Es difícil escribir de mi país cuando el análisis inmediato de democracia y política me arroja un recuento desalentador de lo que hace 8 años criticamos como parte del hartazgo que obligaba a México a darle un viraje abrupto a la historia de las decisiones democráticas en el país. Muchísimas historias hemos podido contar en al menos las últimas cuatro décadas de gobiernos en México. Excesos, fraudes electorales, componendas, narcotráfico y muchísimas señales que nos hicieron ir adelante con expectativas que, incluso antes de llegar, pasaron a mejor vida. El país está inmerso en una de las peores crisis de corrupción, donde ya es difícil identificar a las instituciones y organismos que estén al margen de todas las componendas que se siguen haciendo al amparo del poder, indistintamente del partido que gobierne no sólo el país, sino las entidades, ciudades, poblados y juntas auxiliares. Esta putrefacción alcanza a los poderes e instituciones del país, que están fracturados y a punto de desmoronar la poca credibilidad que conservan por parte de algunos ciudadanos. Es casi imposible navegar en la diversidad de la política mexicana sin encontrarnos a los que hicieron, hacen y planean cerrar jugosos negocios, triangulaciones y lavado de dinero. Hoy, el desmoronamiento institucional del INE provoca un efecto en cadena, donde la historia ahí contada entre Guadalupe Taddei y su proveedor Alfredo Hernández Casillas se traslada a las entrañas del propio organismo para mirar de manera cruda su letal descomposición. La corrupción en México, al igual que la delincuencia organizada, está más que incrustada en un frágil sistema de mandato, donde se evade la aplicación de la justicia si perteneces al partido gobernante. México no goza de sanidad democrática debido al avance de la corrupción e impunidad para cientos de funcionarios que están en ejercicios gubernamentales a todos los niveles: gobiernos, municipios, legislativos, Senado, funcionarios públicos, burócratas y sector privado. Cuando vemos a un país con estas dimensiones de corrupción, es difícil elegir a quién creerle. El partido gobernante y sus partidos satélites gozan de buena salud corruptible, donde los diezmos, licitaciones amañadas, desvío de recursos, gruesas nóminas de aviadores, triangulación de recursos, lavado de dinero y contubernio criminal avanzaron con tal fuerza y rapidez que hay un desencanto, pero también desaliento frente a lo que se avizora en el futuro inmediato de México. Y, sin embargo, no todo se lo lleva Morena y sus aliados rémoras. La memoria en política siempre debe ser aliada de la ecuanimidad para recordar todos los escándalos de corrupción en los 70 años del tricolor. Con los panistas no hay que olvidar los negocios de los Sahagún y varias empresas al amparo del mandato de Vicente Fox. Felipe Calderón y toda la corrupción fraguada a través de su esbirro Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y el escándalo de su principal consultor político. Hoy regresamos al bloque de los 8 años morenistas para ver con profundo coraje la red de corrupción que llegó para instalarse en la Marina, el Ejército, el Poder Legislativo, el Judicial, las policías, los gobiernos estatales, Petróleos Mexicanos, congresos estatales y una extensa red de proveedores y prestanombres que operan por todo el país. El saqueo de más de 7 mil millones de pesos del gobernador emecista Samuel García hacia despachos y empresas ligadas a su familia confirma que, más allá de los colores de los partidos políticos, son el poder y la política mexicana los que están en una franca descomposición. Hay decepción en una sociedad cansada de que la corrupción vaya de la mano de la impunidad. Cada vez es más lejana la posibilidad de exigir castigo para quienes se están sirviendo con la cuchara mayor. El país se hunde en una somnolencia donde hay una ciudadanía adormilada por tanta desconfianza que se sigue capitalizando para polarizar a una sociedad apática que ya no cree en nada ni en nadie. |
