La gente no es pendeja: la lección de Estados Unidos para México

El uso de las alertas públicas se ha convertido en un arma de doble filo. Lo que debería ser un instrumento de prevención y comunicación responsable para salvar vidas hoy se utiliza también para sembrar incertidumbre y medir hasta dónde llega el miedo colectivo.

Cuando una alerta se lanza sin contexto, sin autoridad clara y sin proporcionalidad, no informa: desestabiliza.

Genera pánico, compras de pánico, desconfianza en las instituciones y un desgaste social que, paradójicamente, nos deja menos preparados para una emergencia real.

Las últimas semanas hemos vivido el ejemplo perfecto.

Todo comenzó en Europa, luego en Medio Oriente y Asia, donde se difundió una alerta a la población civil para preparar la llamada "Mochila del fin del mundo", ante la eventualidad de ataques nucleares, una nueva guerra mundial o fenómenos naturales.

Se trata de una mochila con documentos oficiales y financieros, instrucciones médicas, cartas de alto valor personal, víveres esenciales, medicamentos y líquidos.

Días después, la misma alerta, con el mismo manual de temor, se replicó en América Latina y Norteamérica. No necesariamente se trata de una política oficial de protección civil, que debería ser una práctica permanente y preventiva, más que una narrativa viral.

Hoy sabemos lo más delicado: el fondo no era proteger, sino medir. Se trataba de un proyecto y estudio a gran escala para mapear, sectorizar y clasificar las reacciones del mundo a través de redes sociales y medios digitales.

Medir tiempos de respuesta y niveles de activación de la sociedad civil, las academias y los gobiernos.

Tienen el termómetro del pánico. Y eso nos obliga a una reflexión urgente: la comunicación preventiva no puede usarse para experimentar con la sociedad. Alertar sin generar terror es una responsabilidad del Estado, no un laboratorio de manipulación global.

Si las autoridades de todos los niveles de gobierno tuvieran programas y acciones serios de protección y prevención, no habría lugar para laboratorios, estudios y estadísticas sobre un tema que debe ser una acción permanente de los gobiernos.

Tómelo con interés

La lección que deja a México la elección de Estados Unidos es que ningún poder, por grande que sea, sobrevive al divorcio con su base social.

Para algunos, lo ocurrido es la factura de un gobierno percibido como autoritario, que confundió el mandato con el permiso para no escuchar, cerró las puertas al diálogo y apostó por la polarización como método.

Cuando el gobierno deja de escuchar la calle y solo se escucha a sí mismo, la urna se convierte en grito.

Para otros, la lectura es la confirmación del valor de la democracia y de los contrapesos.

Que en Estados Unidos, con todas sus tensiones, siguen funcionando los equilibrios, la alternancia y el voto como árbitro final.

Y aquí es donde cobra vigencia la tesis central del último libro de Roberto Trad, La gente no es pendeja: la ciudadanía sí entiende, sí observa y sí cobra factura.

Trad insiste en que subestimar al elector es el error más caro de un gobierno.

Para México, que camina hacia 2027, la lección es esa base que olvidamos: hay que volver a escuchar a la gente, porque la gente no es pendeja.

Tómelo con atención

Esta semana, tras revelarse abusos y excesos en el Instituto Federal Electoral, la Presidencia instruyó a la Auditoría Superior de la Federación, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General a investigar las contrataciones y acciones del sistema electoral a lo largo de su historia.

La instrucción sorprende por la forma, porque la Auditoría Superior de la Federación es un órgano del Poder Legislativo y la Fiscalía es un órgano autónomo; ninguno está subordinado al Ejecutivo.

Pero, más allá de la forma, el fondo exige claridad.

No podemos confundir personas con instituciones. En los últimos 35 años, la sociedad civil transformó el servicio electoral mexicano.

Se construyó a pulso un Servicio Profesional Electoral de carrera, con formación, exámenes, mérito y permanencia.

Un servicio que dejó de ser botín de partidos para convertirse en patrimonio de la ciudadanía.

Por eso, el servicio electoral mexicano fue reconocido en el mundo por su eficiencia y transparencia. No por sus consejeros, sino por sus funcionarios de casilla, sus vocales y los miles de hombres y mujeres que hicieron de cada elección una operación ciudadana confiable.

El error fue otro: modificar procedimientos a modo y otorgar facultades extraordinarias a la presidencia de Guadalupe Taddei, concentrando decisiones que, por naturaleza, debían ser colegiadas. Ahí se rompió el equilibrio interno y se incubaron los excesos.

Rumbo a 2027, lo relevante no es regresar al pasado ni alimentar la narrativa de la venganza histórica. Lo importante es recuperar la credibilidad y la confianza en el Instituto Nacional Electoral, así como conservar el interés ciudadano por participar, que es el verdadero corazón del sistema.

Eso se logra con dos cosas: transparencia total y sanciones para quienes cometieron errores, sean quienes sean. Sin cacería de brujas ni borrón y cuenta nueva.

El camino no es ir al pasado. Es corregir, sancionar y mirar hacia adelante.