Lunes 16 de Noviembre de 2026 |
El baneo de cuentas se está convirtiendo en una preocupación cada vez mayor para periodistas, activistas, comunicadores y ciudadanos que utilizan las redes sociales para denunciar, cuestionar y exhibir aquello que algunas personas preferirían mantener fuera de la conversación pública. Y no, no estamos hablando solamente de perder seguidores o dejar de publicar fotografías. Estamos hablando de desaparecer, de un momento a otro, comunidades construidas durante años, espacios de denuncia, redes de acompañamiento y herramientas de organización social. El caso más reciente fue el de Kenya Cuevas que ha vuelto a poner este problema sobre la mesa. Una activista que ha construido una comunidad de cientos de miles de personas y que hoy enfrenta la pérdida de su instagram uno de sus principales instrumentos para comunicar y defender derechos humanos. Pero no es un caso aislado. En septiembre de 2026 conocimos el caso de Miguel Meza, fundador de Narcopolíticos, quien perdió el acceso a sus cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp. Su situación llegó a los tribunales federales y obtuvo una suspensión provisional para ordenar la reactivación de sus cuentas. También está Juanito Godínez, quien perdió una página de aproximadamente 560 mil seguidores y posteriormente logró recuperarla, después de que Meta revisara su caso y reconociera, según su propio testimonio, un error de sus sistemas automatizados. Y si alguien piensa que esto solamente ocurre en las grandes esferas nacionales, basta con mirar hacia Puebla. Aquí tenemos a Jaime López, de ContraMáscaras, cuyo caso fue documentado por ARTICLE 19 tras una campaña de amenazas, agresiones verbales y hostigamiento digital, luego de cuestionar públicamente decisiones del gobierno de Alejandro Armenta relacionadas con el proyecto del Cablebús y la reserva de gastos públicos. También está Jaime Carcaño, activista poblano que ha denunciado ataques y reportes contra sus cuentas. Lo verdaderamente preocupante es que detrás de algunos de estos episodios podría existir una práctica conocida como brigadeo o reporte masivo: grupos de cuentas que coordinan denuncias contra un mismo perfil para intentar activar los mecanismos automatizados de moderación de las plataformas. La pregunta es inevitable: ¿qué sucede cuando las herramientas creadas para proteger a los usuarios terminan siendo utilizadas para intentar silenciar a quienes denuncian abusos? Y aquí quiero hacer una precisión: Meta, Facebook, Instagram, x, telegram o cualquier otra plataforma tienen responsabilidades sobre sus mecanismos de moderación como la IA, transparencia y atención a los usuarios es verdad. Pero ellos quedan Enmedio del fuego cruzado entre las autoridades que buscan banear a sus opositores, convirtiendolos en actores externos a las plataformas que buscan manipular esos mecanismos para conseguir la suspensión de voces incómodas. Si detrás de estas operaciones existen operadores políticos, estructuras de comunicación o personas vinculadas a intereses gubernamentales, necesitamos investigarlo y exigir que se rindan cuentas. Porque utilizar recursos públicos, directa o indirectamente, para perseguir la crítica ciudadana sería una forma particularmente grave de abuso. No podemos permitir que la inteligencia artificial termine convirtiéndose en el instrumento involuntario de quienes pretenden controlar la conversación pública. Y esto no lo digo solamente desde la observación. Yo también he sido víctima de estas prácticas. Hace años perdí una cuenta de Facebook sin recibir una explicación clara sobre qué había ocurrido, qué publicación había infringido las reglas o qué elementos podía utilizar para defenderme. Simplemente llegó una notificación y mi cuenta dejó de existir. Por eso, desde APPS Derechos Humanos, organización que encabeza la organización de la Marcha del Orgullo LGBTT en Puebla, comenzaremos a impulsar el acompañamiento jurídico y a promover los juicios de amparo que legalmente procedan para apoyar a compañeras y compañeros activistas, periodistas o cualquier otro ciudadano que haya sido afectados por estas suspensiones por fines políticos o de censura. No se trata de pedir privilegios para quienes hacemos activismo. Se trata de exigir garantías para ejercer derechos. Porque cuando una persona pierde su cuenta, no solamente pierde un perfil: puede perder años de trabajo, una comunidad y una herramienta para defender a otras personas. Las redes sociales no pueden convertirse en territorios sin derechos, donde una empresa, un algoritmo o una red organizada de denunciantes tenga la última palabra sin ofrecer explicaciones ni mecanismos efectivos de defensa para los activistas y opositores. Y si hoy pueden silenciar a una activista trans, mañana pueden hacerlo con un periodista, un defensor de derechos humanos, una organización civil o cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar al poder. Porque una democracia no se mide por la cantidad de voces que tiene en sus redes sociales, sino por las garantías que ofrece para que ninguna de ellas sea silenciada por incomodar a quienes gobiernan. ¿Eres activista, periodista o un ciudadano víctima de esto y quieres promover tu amparo gratuitamente? Mándanos mensaje 2223329344 |