Miércoles 18 de Noviembre de 2026

Hay una contradicción que la política no debería permitirse: exigir respeto mientras se descalifica; defender derechos mientras se vulneran los de otras personas; hablar de transformación mientras se reproducen prácticas que durante años hemos cuestionado.

La política atraviesa una crisis de confianza que no se explica únicamente por la falta de resultados de los gobiernos. También tiene que ver con la manera en que quienes ejercemos responsabilidades públicas nos comportamos, debatimos y nos relacionamos con quienes piensan diferente.

La ciudadanía espera respuestas a sus problemas cotidianos: seguridad, servicios públicos, oportunidades y mejores condiciones de vida. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el debate público termina atrapado en disputas personales, descalificaciones y protagonismos que poco aportan a la solución de los problemas colectivos.

Dignificar la política implica, antes que nada, recuperar el sentido de nuestra responsabilidad.

En este contexto, hay un tema que merece especial atención: la violencia política contra las mujeres en razón de género. Su reconocimiento ha sido resultado de décadas de lucha para garantizar que las mujeres podamos participar en la vida pública sin obstáculos, amenazas ni discriminación. Es un derecho que debemos proteger y una conquista que no admite retrocesos.

Pero defender una causa también exige responsabilidad. La violencia política de género debe investigarse y sancionarse cuando corresponda, con perspectiva de género y respeto al debido proceso. Al mismo tiempo, debemos distinguirla de la crítica legítima, el debate y las diferencias propias de la actividad política.

Ni minimizar la violencia ni banalizar los mecanismos creados para combatirla. Ambas cosas debilitan una lucha que pertenece a todas las mujeres.

Hay otra realidad que tampoco debemos evadir: las mujeres también podemos ejercer violencia contra otras mujeres. Nuestra condición de género no nos coloca automáticamente por encima de cualquier responsabilidad. La descalificación, el hostigamiento y la humillación no dejan de ser conductas reprochables por provenir de una mujer.

La sororidad no puede confundirse con complicidad, ni la defensa de nuestros derechos con la obligación de guardar silencio. La igualdad también exige congruencia.

Por eso, considero que la ética pública debe ocupar un lugar central en la transformación de nuestras instituciones. No basta con tener representación popular; hay que estar a la altura de ella. Prepararse, estudiar los asuntos, conocer nuestras atribuciones, argumentar las decisiones y rendir cuentas son obligaciones inherentes al servicio público.

La preparación no es un atributo para presumir, sino una responsabilidad frente a quienes depositan su confianza en nosotros. De la misma manera, el respeto no debería depender de afinidades políticas ni convertirse en una exigencia que solamente aplicamos cuando nos sentimos afectados.

La transformación democrática también se construye en esos espacios cotidianos donde se ejerce el poder: en una sesión de Cabildo, en una discusión pública, en la relación entre representantes y ciudadanía. Se demuestra cuando somos capaces de sostener nuestras convicciones sin vulnerar la dignidad de los demás.

No necesitamos pensar igual para tratarnos con respeto. Tampoco necesitamos renunciar a la firmeza para ejercer la política con civilidad.

Dignificar la política significa entender que los cargos son temporales, pero la responsabilidad de nuestros actos permanece. Que el poder no debe utilizarse para alimentar intereses personales, sino para mejorar la vida de las personas.

La confianza ciudadana no se recupera con declaraciones ni con discursos sobre principios. Se recupera cuando nuestras acciones son congruentes con aquello que decimos defender.

Porque la transformación que verdaderamente importa no solamente cambia las instituciones: también debe transformar nuestra manera de ejercer el poder.