Viernes 25 Septiembre 2026

La exdiputada local Guadalupe Leal Rodríguez impugnó la sanción impuesta por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN), que declaró que ejerció violencia política de género contra la dirigente municipal Gabriela Ruiz Benítez. La panista señaló que la resolución de su partido es una venganza por alzar la voz.

El 24 de septiembre, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN publicó el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía promovido por la excandidata a dirigente municipal, Guadalupe Leal, en contra de la resolución CJ/PVPG/018/2025, dictada por dicha comisión el 17 de septiembre.

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La panista solicitó a la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atraer el caso por tener relación con el juicio SCM-JDC-293/2026, promovido por Manolo Herrera Rojas, quien busca evitar un procedimiento por violencia política de género que presuntamente ejerció durante la renovación del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Puebla.

Pidió tener en cuenta los antecedentes y que la resolución del PAN es una sanción por alzar la voz y exigir que se cumplan los derechos políticos de las mujeres.

Atribuye opinión a medios y reporteros

En su impugnación, Leal Rodríguez señala como agravios que la Comisión de Justicia haya acreditado como violencia política de género la opinión dada por los medios de comunicación y reporteros, y que pretenda hacer creer que ella la dio.

La excandidata y exdiputada fue sancionada junto con la exintegrante de su planilla, Martha Patricia Thome Andrade, por presuntamente decir que las mujeres no necesitaban tener detrás a un hombre que les dijera cómo participar y que no permitieran ser “Juanitas”, ni encabezar una candidatura mientras un secretario general —Manolo Herrera— pretendiera tomar las decisiones del Comité.

“La responsable parte de un análisis erróneo al determinar que existe el término “vinculante” entre la nota de opinión y lo declarado por la suscrita en dicha rueda de prensa. La responsable no realizó la certificación de los videos presentados como prueba, así como no realizó el análisis de lo que cada participante expresó y de la interpretación que dieron los medios y que fueron a título personal en su derecho y libertad de expresión en el ejercicio del periodismo”, alegó.