Olga Romero deja Morena Puebla entre sanciones, escándalos y la mira puesta en Tehuacán

Olga Lucía Romero Garci-Crespo cerró este 20 de octubre una etapa de cuatro años al frente de Morena Puebla para buscar la presidencia municipal de Tehuacán en 2027. Su el triunfo electoral de 2024, que consolidó al partido como la principal fuerza política del estado, pero también por sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), disputas internas, señalamientos de nepotismo y un prolongado litigio familiar por una herencia millonaria que llegó hasta las autoridades judiciales.

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De diputada local a dirigente estatal de Morena

Originaria de Tehuacán, Romero Garci-Crespo inició su trayectoria legislativa en 2018, cuando llegó al Congreso de Puebla como diputada local por el distrito 25, cargo para el que fue reelecta en 2021. Durante su paso por el Poder Legislativo presidió la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE). En su segunda legislatura presentó 12 iniciativas antes de separarse del cargo, de las cuales únicamente dos habían sido aprobadas, incluida una reforma relacionada con el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Tehuacán.

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El 20 de agosto de 2022 fue elegida presidenta estatal de Morena con 63 votos de 151 consejeros, en un proceso marcado por las disputas entre grupos internos. Su ascenso estuvo políticamente vinculado al entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, de quien era considerada una figura cercana. Once días después solicitó licencia a su diputación para dedicarse a la conducción partidista. Tras la muerte de Barbosa, permaneció al frente del partido durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes y posteriormente con Alejandro Armenta.

Su principal resultado electoral llegó en 2024, cuando Morena y sus aliados ganaron la gubernatura con Alejandro Armenta, recuperaron la presidencia municipal de Puebla con José Chedraui y obtuvieron los 16 distritos federales de mayoría relativa. Aunque estos triunfos fueron resultado de una coalición y de distintas candidaturas, ocurrieron bajo su conducción estatal. En noviembre de ese año fue ratificada como presidenta por unanimidad de los 131 consejeros presentes, mientras que al anunciar su salida presumió más de 700 mil afiliaciones y el fortalecimiento de la estructura territorial morenista.

Sin embargo, el crecimiento electoral coexistió con inconformidades por la selección de candidaturas, especialmente durante 2024, cuando militantes y fundadores cuestionaron la incorporación de políticos procedentes del PRI y otros partidos. Las protestas alcanzaron municipios como Puebla, Tehuacán y San Pedro Cholula, donde grupos internos denunciaron imposiciones y falta de espacios para las bases del movimiento.

Multas del INE, herencia millonaria y señalamientos de nepotismo

Uno de los cuestionamientos con consecuencias administrativas verificables fue el manejo de recursos partidistas. En marzo de 2026, el INE sancionó a Morena Puebla por irregularidades correspondientes al ejercicio fiscal 2024, entre ellas el pago de fotomultas con recursos del partido, por 171 mil 577 pesos, y la recepción de aportaciones de simpatizantes que excedieron el límite permitido en 681 mil 91.86 pesos. Las sanciones fueron confirmadas el 30 de abril por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral federal, mediante el expediente SCM-RAP-29/2026. Las determinaciones establecieron responsabilidades administrativas del partido, no una apropiación personal de recursos por parte de Romero.

Otra de las controversias que acompañaron su trayectoria fue la disputa por la herencia de la empresaria avícola Socorro Romero Sánchez, fallecida en 2009, cuyo patrimonio ha sido estimado por distintos medios en más de 600 millones de dólares. Romero Garci-Crespo promovió desde 2016 un juicio sucesorio intestamentario para reclamar derechos sobre los bienes, después de haber recuperado legalmente su apellido paterno. En 2022, un juez federal concedió un amparo a la contraparte que dejó sin efectos actuaciones del juicio promovido por la entonces legisladora y ordenó reconocer el testamento presentado por los herederos.

El conflicto alcanzó una nueva dimensión en abril de 2026, cuando Estela Romero Bringas, señalada como heredera universal, fue detenida a los 85 años en un operativo de la Fiscalía de Puebla por acusaciones relacionadas con el testamento. Su detención provocó cuestionamientos sobre el despliegue de las autoridades y acusaciones de familiares sobre un presunto uso de influencias políticas para favorecer a Olga Romero, quien figuraba como parte agraviada en la investigación. La entonces dirigente rechazó que utilizara su posición partidista para intervenir en el litigio y defendió que se trataba de un asunto personal sujeto a los tribunales. Estela Romero falleció en septiembre de 2026, mientras la controversia sucesoria continuaba.

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Un tercer frente de cuestionamientos estuvo relacionado con sus familiares en cargos públicos. En junio de 2024, una investigación de e-consulta documentó que Iliana Jocelyn Olivares López, quien asumió como diputada suplente de Romero desde agosto de 2022, era hija de su esposo. También señaló que Francisco Javier Cuena Romero, hijo de la exdirigente, trabajó como asesor en el Congreso local durante 2023, con una remuneración de 20 mil pesos, y posteriormente buscó una candidatura legislativa por Tehuacán. Los hechos dieron lugar a señalamientos políticos de nepotismo, aunque no se documentó una resolución de autoridad que acreditara una conducta ilegal atribuible a Romero. Ella había negado favoritismo hacia su hijo.

Tehuacán, su siguiente apuesta política rumbo a 2027

Romero Garci-Crespo anunció su separación de la presidencia estatal de Morena para registrarse en el proceso interno por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tehuacán, paso previo a la definición de candidaturas rumbo a 2027.

Durante su mensaje de despedida, aseguró que su decisión respondía a un ejercicio de congruencia política y afirmó que había cumplido con las responsabilidades encomendadas durante su dirigencia. El Comité Ejecutivo Nacional deberá determinar quién ocupará su lugar.

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Sus aspiraciones, sin embargo, ya habían provocado resistencias entre integrantes de su propio partido. En mayo de 2026, un grupo de militantes de Tehuacán acudió a la dirigencia nacional para solicitar que se revisara su eventual postulación, argumentando falta de resultados legislativos, distanciamiento de las bases, presunto favorecimiento de familiares y cuestionamientos a decisiones como la aprobación del cobro del DAP.

También expresaron preocupación por la posibilidad de que utilizara su posición partidista para obtener ventajas en el proceso interno, señalamientos que no constituyen por sí mismos irregularidades acreditadas.