Entre quienes apelaron a favor estuvo el gobernador republicano de Ohio, John Kasich, quien lamentó no poder ayudarla a permanecer junto a su familia.

Trujillo, de 41 años, vivió indocumentada desde 2002 en la ciudad de Hamilton, Ohio, donde fue detenida a comienzos de este mes cuando se agotaron todos los recursos legales de su pedido de asilo.

Su estatus había quedado en evidencia en 2007, cuando agentes de ICE hicieron una redada en la empresa Koch Foods, una procesadora de pollo de la ciudad de Fairfield, y detuvieron a 200 trabajadores indocumentados.

Trujillo dijo entonces que había escapado de los cárteles mexicanos de la droga en el estado de Morelia y pidió asilo, pero su caso fue rechazado dos veces y, después de 10 años, las autoridades dictaminaron que no había base legal para que permaneciera en Estados Unidos.

Antes de su deportación, las autoridades la habían trasladado a un centro de detención de ICE cerca de la ciudad de Jena, en Luisiana.

Kersh dijo que la deportación de Trujillo demuestra que el gobierno del magnate Donald Trump no está enfocado en echar a los criminales, sino "en separar a madres pacíficas de sus hijos ciudadanos".