Más de 20 organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que alrededor de 14 mil personas, incluidos niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, fueron deportadas a varios países de Latinoamérica desde que Donald Trump cerró la frontera tras el inicio de su segundo mandato presidencial. No importaba si se encontraban en alguna situación de vulnerabilidad o estaban protegidos bajo la Convención de Tortura o algun estatus de proteción, los extranjeros fueron expulsados a terceros países con los que el gobierno de los Estados Unidos ha suscrito acuerdos. Durante una audiencia pública de la CIDH realizada ayer en Guatemala, organizaciones no gubernamentales representantes de Estados Unidos, Haití, Guatemala, México y El Salvador alertaron que desde el inicio del segundo mandato de Trump ha habido un uso “generalizado y creciente” de la deportación de migrantes a sus naciones de origen. Debido a ello, solicitaron a la CIDH que por medio de una resolución con carácter “operativo, técnico y dinámico” se especifiquen los deberes de los países que han suscrito dichos acuerdos y los obligue a rendir cuentas, debido a que esto ha generado graves consecuencias, como la separación de familias, las detenciones sin el debido proceso e inseguridad jurídica, casos de torturta y desapariciones forzadas. El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) informó que entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, del total de migrantes expulsados, 77% fueron hombres y el otro 23% entre mujeres, 697 niñas, niños y adolescentes. Al respecto, la comisionada Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, advirtió “con muchísima preocupación” la vilación sistemática al principio de no devolución. Asimismo, reiteró que los acuerdos suscritos con otros países incluyen procedimientos “forzosos”, que se caracterizan por un alto nivel de discrecionalidad estatal”. En el caso de El Salvador, René Valiente, perteneicente a la organización Cristosal, indicó que en su país las personas deportadas han sido recluidas en la prisión de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). De acuerdo con sus declaraciones, allí han perdido la vida 400 extranjeros debido a las condiciones de hacinamiento, a la falta de higiene, la tortura y los abusos fisicos. Por parte de México, Diana Solís del Imumi, denunció que se recibieron reportes de que agentes pertenecientes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entregaron a cubanos y guatemaltecos a “agentes enmascarados”, quienes les ordenaron trepar el muro fronterizo hacia México. A su vez, indicó que migrantes de países latinoamericanos como Honduras, El Salvador y Haití, entre otros, llegan a México sin sus pertenencias, identificaciones ni documentos oficiales, y una vez en custodia del Instituto Nacional de Migración, son trasladados vía terrestre hacia Chiapas y Tabasco durante largos periodos en los que permanecen en condiciones precarias e incomunicados.
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