Informe advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad bajo régimen de excepción en El Salvador

De acuerdo con un informe divulgado el martes 10 de marzo, en el contexto del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele, se habrían cometido violaciones a los derechos humanos que “podrían constituir en crímenes de lesa humanidad”. 

El informe fue presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala y fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de los Derechos Humanos en el contexto del régimen de excepción de Bukele. 

"El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, señala el documento leído durante la sesión.

Leonor Arteaga, abogada perteneciente a la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), una organización de Estados Unidos, apuntó durante la audiencia que El Salvador ha sido presentado por todo el mundo como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad.

No obstante, han sido las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas internacionales quienes han sufrido en carne propia los altos costos de este publicitado “caso de éxito”. 

"Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país. Hoy muchos salvadoreños han dejado de temer a las pandillas para empezar a temer al propio estado", mencionó Arteaga. 

En un comunicado compartido por la DPLF, la experta Susana SáCouto indicó que los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil, entre ellos el encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la detención de niñas, niños y adolescentes, la tortura, los asesinados, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y otros actos inhumanos. 

En el comunicado también se indica que hasta agosto de 2025 se documentaron 403 muertes bajo custodia estatal y 540 casos de desaparición forzada. 

Bukele y el estado salvadoreño niegan las acusaciones 

El miércoles 11 de marzo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele negó las acusaciones del informe sobre cometer crímenes de lesa humanidad en el régimen de excepción implementado desde 2022.

"Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de (George) Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada", escribió el mandatario en X, al aludir sin pruebas al multimillonario y filántropo estadounidense.

Por su parte, el procurador general de El Salvador, René Escobar, respondió a los hallazgos del informe, rechazando que el estado salvadoreño promueva o toleré prácticas violatorias de los derechos humanos. 

"No existe base jurídica, ni fáctica que sustente una imputación de esa naturaleza", afirmó Escobar, aunque existen 6.400 denuncias documentadas de personas que fueron presuntamente víctimas de estas prácticas.

Durante una audiencia pública ante la CIDH, el procurador también rechazó que exista un patrón de persecución de los defensores de los derechos humanos en el país, y aseguró que las instituciones de la ley actúan únicamente cuando existen indicios claros sobre el cometimiento de crímenes o hechos con relevancia penal.