La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como otros delitos vinculados con las movilizaciones y bloqueos carreteros que se extendieron durante 53 días entre mayo y junio. Las protestas, impulsadas por sectores afines a Morales como la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones campesinas, exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de dejar al menos 16 fallecidos y pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares. 
El documento oficial, firmado por el fiscal Brayan A. Melgar Ledezma, instruye a la Policía a aprehender a Morales y conducirlo ante las autoridades para comparecer en el proceso penal. Hasta el momento, no se reporta su detención y el exmandatario permanece en su bastión del Chapare, Cochabamba. En respuesta, Morales publicó un mensaje en el que rechazó las acusaciones y denunció persecución política: “Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”. Añadió que su posición siempre ha sido estar del lado de quienes enfrentan el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Concluyó que no se dejará intimidar y que seguirá luchando junto al pueblo por un camino de dignidad, soberanía y justicia social. Este nuevo proceso se suma a otras investigaciones pendientes contra Morales, entre ellas un caso de presunta trata agravada de personas, lo que ha intensificado la polarización política en Bolivia en medio de una crisis económica y social.
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