Anatanael MEDINA  Discriminación, humillación, abandono, trabajo mal pagado, golpes, violaciones y prostitución, son tan sólo unos pocos de los flagelos que sufren las mujeres en comunidades marginadas. Hay casos en que los propios padres y familiares son quienes castigan a las jóvenes y niñas de estas zonas rurales. Ante esto, empresas, instituciones, partidos políticos y diversos medios de comunicación locales y nacionales hacen propuestas e iniciativas. Modifican leyes para reducir los índices de violencia contra las mujeres en todos los niveles. Lo cierto es que muchas de estas medidas no funcionan, no terminan de concretarse. Quedan congeladas por varios meses, o en caso de ser aprobadas, carecen de un seguimiento real contra los abusos. Incluso, mujeres que han sido violentadas por su pareja, en el doloroso camino de trámites que deben realizar, terminan como víctimas del sistema burocrático permanente en nuestro país. El maltrato conyugal es de los más comunes. Puede ser desde comentarios burlones o irónicos, críticas abiertas, trato indigno, marginación económica, gritos, empujones, golpes, heridas y lesiones mayores, hasta la muerte. Desde que la mujer entró al sistema laboral, este ámbito también se convirtió en flagelo. Abundan los casos de acoso laboral y todo tipo de maltrato contra las mujeres en las empresas. Aunado a esto, las instituciones también atentan contra ellas cuando ignoran las denuncias presentadas. En este rubro entran médicos, ministerios públicos, agentes policiacos, peritos y muchas veces, la propia familia, ya que cuestionan que una mujer abandone o denuncie a su pareja por maltrato. El panorama no es alentador, sobre todo en zonas marginadas. |