Anatanael MEDINA  Discriminación, humillación, abandono, trabajo mal pagado, golpes, violaciones y prostitución, son tan sólo unos pocos de los flagelos que su­fren las mujeres en comunida­des marginadas. Hay casos en que los propios padres y familiares son quienes castigan a las jóvenes y niñas de estas zonas rurales. Ante esto, empresas, insti­tuciones, partidos políticos y diversos medios de comunica­ción locales y nacionales hacen propuestas e iniciativas. Modifican leyes para re­ducir los índices de violencia contra las mujeres en todos los niveles. Lo cierto es que muchas de estas medidas no funcionan, no terminan de concretarse. Que­dan congeladas por varios me­ses, o en caso de ser aproba­das, carecen de un seguimiento real contra los abusos. Incluso, mujeres que han sido violentadas por su pare­ja, en el doloroso camino de trámites que deben realizar, terminan como víctimas del sistema burocrático perma­nente en nuestro país. El maltrato conyugal es de los más comunes. Puede ser desde comentarios burlones o irónicos, críticas abier­tas, trato indigno, marginación económica, gritos, empujones, golpes, heridas y lesiones ma­yores, hasta la muerte. Desde que la mujer entró al sistema laboral, este ámbito tam­bién se convirtió en flagelo. Abundan los casos de aco­so laboral y todo tipo de mal­trato contra las mujeres en las empresas. Aunado a esto, las institucio­nes también atentan contra ellas cuando ignoran las denuncias presentadas. En este rubro entran médi­cos, ministerios públicos, agen­tes policiacos, peritos y muchas veces, la propia familia, ya que cuestionan que una mujer aban­done o denuncie a su pareja por maltrato. El panorama no es alenta­dor, sobre todo en zonas mar­ginadas.