Patricia ROJAS  San Pedro Cholula.- Con pancartas elaboradas con su material de trabajo, obreros de Industria Cartonera de Cholula exigieron al Ayuntamiento de San Pedro Cholula retirar la clausura que impuso hace dos semanas por supuestas violaciones en materia de protección civil. Acompañados de sus familias, 36 empleados de la recicladora de papel y cartón se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal para denunciar que el gobierno municipal cerró su fuente de ingresos sin una notificación previa para subsanar las presuntas fallas y con el uso de la fuerza pública. Las condiciones en que fue cerrada la fábrica —sostuvieron— les hace sospechar que es una medida de presión a la familia Hernández para entregar al Ayuntamiento un par de terrenos ubicados a unos 20 metros, uno de los cuales ocupa la pirámide Acozac, es decir, que se trata de un espacio que en realidad pertenece al gobierno federal. Por coincidencia, por determinación del Cabildo, el pasado 1 de mayo el gobierno municipal inició un proceso de declaración pública de estos terrenos que ha comenzado a cercar con vallas metálicas. A pocos minutos de iniciada la protesta, el propio alcalde, José Juan Espinosa Torres, exhortó a dialogar a los trabajadores que realizaban una manifestación pacífica en la Plaza de la Concordia y el Portal Guerrero. Con voz amable y dispuesto a conversar —hecho que sorprendió a los empleados—, el edil les pidió bajar sus pancartas de cartón reciclado y los invitó a formar una comisión de representantes a fin de escuchar sus demandas con orden. Con los obreros sentados en torno a la mesa de Cabildos, José Juan Espinosa Torres afirmó que la clausura de Industrial Cartonera tiene la intención de corregir fallas en materia de protección civil porque se encuentra en medio de una zona habitada, en la 9 Oriente, número 5. Sin embargo, el presidente municipal no detalló las irregularidades y se opuso a mostrar una copia del dictamen de Protección Civil que motivó la clausura con el argumento de que “tenía que pedir permiso a los dueños” de la fábrica. Con la voz, por momentos firme y por momentos suave, alegó que la empresa debe cumplir con los mínimos requisitos mínimos para garantizar la integridad de los trabajadores, como planes de protección civil, extinguidores, salidas de emergencia e instalaciones eléctricas y de gas adecuadas. Al mismo tiempo, anunció que su administración aprovechará para revisar si la recicladora se encuentra al corriente en sus pagos por descargas de aguas residuales. “Nosotros, en realidad, queremos que abran a la brevedad, pero en condiciones seguras para ustedes porque de lo contrario el responsable de cualquier incidente será el Ayuntamiento”, puntualizó. Sobre las afectaciones a la economía de las familias de los trabajadores, José Juan Espinosa Torres puntualizó que según la Ley Federal del Trabajo, los patrones deben cubrir los sueldos de 700 pesos semanales que regularmente reciben, mientras el centro de trabajo permanezca cerrado por motivos ajenos a su voluntad. Y si los empleados quieren obtener ingresos mientras se resuelve este problema, la administración municipal tiene alrededor de 40 vacantes con salarios de tres a seis mil pesos mensuales por jornadas de ocho horas de trabajo. En tanto, los obreros, encabezados por la contadora de la empresa, Irene Carrillo Flores, se manifestaron a gusto con su centro de trabajo. “Si no fuera así, usted cree que estaríamos aquí”, señalaron al mismo tiempo de dejar en claro que su protesta fue pacífica con la intención de cuestionar a las autoridades municipales sobre las razones que tuvieron para utilizar la fuerza pública para imponer la clausura e incumplir con la obligación de notificar, previamente, a sus patrones de que debían cumplir con los reglamentos de Protección Civil. |
San Pedro Cholula.- Con pancartas elaboradas con su material de trabajo, obreros de Industria Cartonera de Cholula exigieron al Ayuntamiento de San Pedro Cholula retirar la clausura que impuso hace dos semanas por supuestas violaciones en materia de protección civil. Acompañados de sus familias, 36 empleados de la recicladora de papel y cartón se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal para denunciar que el gobierno municipal cerró su fuente de ingresos sin una notificación previa para subsanar las presuntas fallas y con el uso de la fuerza pública. Las condiciones en que fue cerrada la fábrica —sostuvieron— les hace sospechar que es una medida de presión a la familia Hernández para entregar al Ayuntamiento un par de terrenos ubicados a unos 20 metros, uno de los cuales ocupa la pirámide Acozac, es decir, que se trata de un espacio que en realidad pertenece al gobierno federal. Por coincidencia, por determinación del Cabildo, el pasado 1 de mayo el gobierno municipal inició un proceso de declaración pública de estos terrenos que ha comenzado a cercar con vallas metálicas. A pocos minutos de iniciada la protesta, el propio alcalde, José Juan Espinosa Torres, exhortó a dialogar a los trabajadores que realizaban una manifestación pacífica en la Plaza de la Concordia y el Portal Guerrero. Con voz amable y dispuesto a conversar —hecho que sorprendió a los empleados—, el edil les pidió bajar sus pancartas de cartón reciclado y los invitó a formar una comisión de representantes a fin de escuchar sus demandas con orden. Con los obreros sentados en torno a la mesa de Cabildos, José Juan Espinosa Torres afirmó que la clausura de Industrial Cartonera tiene la intención de corregir fallas en materia de protección civil porque se encuentra en medio de una zona habitada, en la 9 Oriente, número 5. Sin embargo, el presidente municipal no detalló las irregularidades y se opuso a mostrar una copia del dictamen de Protección Civil que motivó la clausura con el argumento de que “tenía que pedir permiso a los dueños” de la fábrica. Con la voz, por momentos firme y por momentos suave, alegó que la empresa debe cumplir con los mínimos requisitos mínimos para garantizar la integridad de los trabajadores, como planes de protección civil, extinguidores, salidas de emergencia e instalaciones eléctricas y de gas adecuadas. Al mismo tiempo, anunció que su administración aprovechará para revisar si la recicladora se encuentra al corriente en sus pagos por descargas de aguas residuales. “Nosotros, en realidad, queremos que abran a la brevedad, pero en condiciones seguras para ustedes porque de lo contrario el responsable de cualquier incidente será el Ayuntamiento”, puntualizó. Sobre las afectaciones a la economía de las familias de los trabajadores, José Juan Espinosa Torres puntualizó que según la Ley Federal del Trabajo, los patrones deben cubrir los sueldos de 700 pesos semanales que regularmente reciben, mientras el centro de trabajo permanezca cerrado por motivos ajenos a su voluntad. Y si los empleados quieren obtener ingresos mientras se resuelve este problema, la administración municipal tiene alrededor de 40 vacantes con salarios de tres a seis mil pesos mensuales por jornadas de ocho horas de trabajo. En tanto, los obreros, encabezados por la contadora de la empresa, Irene Carrillo Flores, se manifestaron a gusto con su centro de trabajo. “Si no fuera así, usted cree que estaríamos aquí”, señalaron al mismo tiempo de dejar en claro que su protesta fue pacífica con la intención de cuestionar a las autoridades municipales sobre las razones que tuvieron para utilizar la fuerza pública para imponer la clausura e incumplir con la obligación de notificar, previamente, a sus patrones de que debían cumplir con los reglamentos de Protección Civil.