Denuncian culpa del gobierno

ANTORCHA 2“Parece que la política —en el estado— es tapar a quien se roba el erario para beneficiarse a sí mismo”, afirmó ante cinco mil antorchistas y ciudadanos de Ocoyucan el líder Rosendo Morales Sánchez, y remató: “ésa es la lección que nos da la lucha”. Tras realizar una marcha por la Vía Atlixcáyotl, para, una vez más, exigir la destitución del presidente municipal de Ocoyucan, Francisco Simarrón Ocotoxtle, el líder antorchista dijo que para el gobierno del estado no es una prioridad atender las necesidades del pueblo ni hacerle justicia ante sus reclamos. Desde hace un año y dos meses, los pobladores de este municipio entregaron al Congreso local la solicitud de destitución del edil Simarrón Ocotoxtle, luego de presentar las pruebas de represión contra los ciudadanos, corrupción al interior del ayuntamiento, falsificación de informes de gobierno y nula construcción de obras públicas. Desde entonces, nadie les ha hecho caso; a pesar de que han tratado el problema con los propios diputados y la Secretaría General de Gobierno de Puebla. Rosendo Morales exhortó a las autoridades estatales a tomar cartas en el asunto y resolver esta problemática que comenzó desde hace más de un año por las irregularidades del edil: “los presidentes auxiliares, regidores y vecinos hemos aprendido que Ocoyucan tiene la razón, porque está demostrado que el presidente municipal se ha robado el dinero del pueblo inventando obras, inflando precios y reprimiendo, y todo está documentado”. En este contexto, pidió la pronta intervención del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas “porque es su obligación hacer justicia. Con esta marcha le decimos que si no resuelven, que no se quejen si inician las marchas diarias, un día sí y otro también, hasta no haber resuelto el problema. Lo que planteamos no son cosas que no se puedan resolver”. El líder social señaló que después de hacer que oportunamente los planteamientos ante la Secretaría General de Gobierno y el Congreso Local, ni la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ni la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior han dado dictamen ni fincado responsabilidades por el mal uso del erario de Ocoyucan.
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