Falta de agua enciende los ánimos en Tepexco

Más de 400 familias cumplen ocho días sin agua porque la alcaldesa suplente, Margarita Candelario Peña, no ha pagado la energía eléctrica de las bombas de los pozos, por lo que habitantes del municipio de Tepexco amagaron con volver a tomar la alcaldía y cerrar vialidades si la munícipe no resuelve el problema.

Los inconformes también manifestaron que falta de atención en la Presidencia Municipal porque hay días que está cerrada sin motivo alguno y no pueden solicitar la expedición de un acta de nacimiento u otros servicios, porque no hay personal.

De por sí, según dijo vecino de este lugar, Salomón Herrera, este tipo de problemática se arrastra desde diciembre del 2014 cuando era alcalde Antolín Vital Martínez –asesinado en este año-, quien desde finales de 2016 ya no atendía en el Ayuntamiento sino en una sede alterna, pues la ciudadanía mantenía tomada la Presidencia.

Por otra parte, Julián Peña Hidalgo, diputado local y habitante de Tepexco, expresó que actualmente este municipio vive un ambiente de ingobernabilidad, lo que ha generado que los servicios públicos no se presten como corresponden por parte de la presidenta municipal.

El legislador indicó que en los próximos días llevara este tema al Congreso del Estado, para hacer un exhorto para que exista gobernabilidad, y al mismo tiempo se solucionen los problemas que imperan desde 2014.

Antolín, asesinado el 24 de enero de 2017

El presidente municipal de Tepexco, Antolín Vital, fue asesinado el 24 de enero de este año cuando circulaba a bordo de su camioneta en la carretera Puebla-Izúcar de Matamoros, a la altura del municipio de Tepeojuma.

Vital Martínez se dedicaba al negocio de paquetería y mensajería desde Izúcar de Matamoros hacia Estados Unidos.

El 7 de septiembre de 2016, el exedil en vida envió un oficio a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, para denunciar que funcionarios de la delegación en Puebla, cuyo titular en ese entonces era Román Lazcano Fernández, le condicionaron la autorización de recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda y le pidieron un moche de 30 por ciento.