Elena Domínguez | Los pobladores no retirarán el plantón hasta que sea destituido el munícipe Exigen con crucifixión la destitución de edil de Jolalpan
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Después de un plantón de 45 días afuera del Congreso del estado, no se han logrado acuerdos con el gobierno del estado
Al no generarse un acuerdo para desalojar el plantón que lleva 45 días frente a la sede legislativa y con el objetivo de exigir al Congreso del estado que destituya a Antonio Javana García, presidente municipal de Jolalpan, los habitantes de ese municipio realizaron una crucifixión simbólica.
Antes del mediodía, el representante legal de los inconformes, Ramiro León Flores interpretó a Jesucristo y recalcó que este fue el primer revolucionario del mundo, ya que peleaba por las causas justas y buscaba un entorno mejor.
En ese sentido, dijo que los diputados como representantes populares y servidores públicos no han atendido las demandas de la ciudadanía de Jolalpan.
"En Puebla no existe la división de poderes ni el estado de derecho, no existe la autonomía municipal, por eso estamos protestando, por eso les decimos que nosotros somos fieles creyentes pero también recordemos que Cristo fue el primer revolucionario que vino a dar su vida por las clases más desprotegidas, por los humildes, los de abajo, la gente que no tenía recursos", dijo postrado desde la cruz.
Ramiro León señaló que los diputados no quieren ajustarse a la legalidad, porque Jolalpan además de clamar justicia, tiene conocimiento del desvío de recursos y las irregularidades en las que ha incurrido el edil, Antonio Javana, de ahí que se solicite con tanta insistencia su destitución.
Luego de reiterar los reclamos sociales del municipio, indicó que no hay avance en las negociaciones con el Congreso ni con la Secretaría General de Gobierno, a quienes acusó de encubrir al alcalde aún con conocimiento de que ha desviado recursos del municipio y se ha enriquecido con el erario.
Señaló que si las autoridades no apoyan la destitución y quieren otra salida para levantar el plantón, deben dar de baja a la secretaria General del Ayuntamiento, al tesorero, al director de Obras, el comandante de Policía, al asesor jurídico y al auditor, pues son los funcionarios que han apoyado el desvío de recursos.
