Olga Cruz Pallas, madre de una menor de 7 años, denunció de forma pública que ante un mal procedimiento legal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), desde hace cinco meses no ha podido estar con su hija, quien se encuentra bajo el resguardo del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), luego de que dicha dependencia la separara de ella por señalamientos de violencia intrafamiliar. Detalló que el 13 de marzo la directora de la escuela primaria "José Vasconcelos" de la Meseta de El Riego, Luciana del Carmen Martínez Valario, y una representante del DIF Municipal, Ariadna Limón, sustrajeron a la menor de la institución y la trasladaron a la fiscalía, señalando que presentaba signos de violencia. Expresó que cuando ella se presentó a la institución a recoger a su hija se le negó información sobre su paradero y fue hasta cuatro horas después cuando se le indicó que estaba en el albergue infantil Casa de la Niñez, del DIF estatal. Ante esta situación solicitó al Ministerio Público que le proporcionara el número de carpeta de investigación, pero a la fecha no se le ha otorgado, además se le designó, por parte del fiscal, un abogado para que la asistiera, pero éste es particular y no de oficio, pese a ser de escasos recursos. Cruz Pallas manifestó que aunque acudió varias veces con el fiscal que lleva su caso para que se cambiara el abogado por uno que le asignó la Mesa de Seguridad y Justicia de forma gratuita, no quiso, por ello al momento los trámites para que pueda recuperar a su hija se han prolongado. Comentó que fue hasta el 22 de junio cuando el Ministerio Público, Jorge Isaí Márquez Galindo, giró la orden para la evaluación psicológica, pero al no llegar con abogado, debido a que no podía cubrir sus honorarios y dado que no quisieron nombrar como su representante al otro, se canceló dicha prueba. Refirió que esta situación afecta a la pequeña Kiara, pues desde que ingresó al albergue, dejó de acudir a la escuela, así perdió el ciclo escolar. La entrevistada manifestó que hasta el momento no se ha hecho nada por las autoridades en investigar la situación y aclarar si hubo o no violencia, aunque afirman que se trató de una caída. El miércoles pudo hablar con la coordinadora de la fiscalía en la región y le manifestó que se le permitirá cambiar de abogado y verificar cuándo se realizará la prueba psicológica. |