Genera controversia propuesta de ley de consulta a pueblos indígenas

En medio de la controversia ocasionada por la necesidad de una ley de consulta a los pueblos indígenas y la ausencia de un mecanismo que garanticen una equidad en la defensa de las tradiciones, el territorio y los derechos indígenas, surge una propuesta que es avalada por unos, pero rechazada por otros, en lo que parece ser el inicio de un debate que podría confrontar la opinión de comunidades indígenas, contra los intereses de empresas y gobierno.

Las voces que están a favor de la ley general propuesta y elaborada, entre otros, por Leonel Rivero Rodríguez, de la asociación civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos, pretenden llenar un hueco que ha dado pie a diversas controversias legales y que cada vez van aumentando los estándares para validar la consulta en comunidades indígenas, en la llegada de proyectos como hidroeléctricas, mineras, de extracción petrolera, etc.

Los que están en contra argumentan la desconfianza por el uso de argucias legales, lagunas e intereses políticos y empresariales para iniciar el proceso a tal punto que los derechos indígenas serían vulnerados, nuevamente. Lo que parece ser también un mecanismo para prevenir que haya simulaciones o engaños hacia las poblaciones más marginadas.

El Rechazo

Organismos y expertos consultados por esta casa editorial y como adelanto de la visión con la que no están de acuerdo es que impulsar la ley de consulta podría exponer a casos como el ocurrido en Guatemala, en el que prácticamente se excluyó la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, lo que ocurrió a través de la guía operativa para la implementación de la consulta a los pueblos indígenas y que generó un pronunciamiento por parte del pueblo maya Kiché.

Bajo esta experiencia, los principales argumentos es que la consulta no incluye una visión en la que una opinión contraria pueda ser vinculada, y las comunidades no están de acuerdo y que se interpretó como una predisposición para llevar a los indígenas a un acuerdo y un consentimiento como única vía.

Pretenden defender la postura de que la consulta sea un proceso permanente, lo que no ha ocurrido, y, como tercer punto, la omisión para tomar en cuenta las violaciones a los derechos humanos cometidos por las empresas, lo que se interpreta como una ley que defiende a los proyectos impuestos de manera fraudulenta.

También implica que se otorgue un mandato para el poder central a una institución, suplantando las funciones de la autoridad legítima, otorgando funciones muy amplias a quienes intervienen en el proceso de la consulta.

Por último, está la crítica por la visión aislada al debate político sobre los derechos colectivos, la autodeterminación, las autonomías indígenas y la construcción de un estado plurinacional. Hecho que se vio rematado por un reglamento que asume prácticamente todas las demandas del empresariado y que terminó por ser bautizada como "reglamento para el despojo", por obedecer más a una propuesta empresarial.

La propuesta

Bajo este contexto, Rivero Rodríguez, en entrevista, dijo que la idea es crear una instancia que se encargue única y exclusivamente de llevar a cabo estos procesos de consulta, que actualmente no existen.

De este modo, la propuesta de ley de consulta defiende desde la definición del concepto "indígena", el procedimiento de "buena fe", y de consulta previa libre e informada y su debido proceso.

También incluye cada uno de los mecanismos que debe cumplir la consulta, incluyendo el que sea culturalmente aceptada, los mecanismos de toma de decisiones de los pueblos indígenas (para que sean respetados, que esté libre de interferencias, es decir: nadie influya en esa decisión).

Pretende que la información sea completa y en la lengua de los pueblos originarios, además de garantizar el acceso de asesoría profesional proporcionada por el estado y bajo la elección de la propia comunidad indígena.

Defendió que la propuesta incluye un apartado de equidad de género, para igualar el valor de la opinión de las mujeres y de los varones, que además, en conjunto, la decisión sea vinculadora para las autoridades correspondientes.

Finalmente, describió que esta consulta debe ser aplicada en cualquier medida legislativa y administrativa, incluyendo la autorización de cualquier proyecto de desarrollo o revisión de una concesión o licencia para la explotación de recursos naturales y ambientales. Esto significa el establecimiento de todo un mecanismo bajo el cual tendría que funcionar la consulta, detallando cómo deben actuar cada una de las partes implicadas.