Lamenta AI investigación en contra de activistas

Amnistía Internacional México dio a conocer que defensores del medioambiente enfrentan una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el delito de "oposición a la ejecución de obras públicas", esto al instalar un campamento como protesta contra la construcción de una línea de alta y una subestación eléctrica en el municipio de Cuetzalan.

Ante esto, el organismo defensor solicitó reconsiderar el uso del sistema de justicia penal y valorar la resolución del problema por una vía alterna, la cual contemple la participación de todas las personas afectadas y garantice su derecho a la consulta libre, previa e informada.

En el 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación penal en contra de siete defensores de derechos humano integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan (Tosepan), el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) y el Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP). La denuncia fue presentada por la CFE, bajo el argumento de las protestas en contra de dos obras.

Amnistía Internacional refirió que dicha indagatoria no sólo pone en riesgo la libertad de los acusados, sino que ya podría haber cobrado la vida de un defensor del medioambiente. Ante esto, se dirigió un documento al delegado estatal de la PGR en Puebla, Ramón Ernesto Badillo Aguilar y al director general de la CFE, Jaime Hernández Martínez, para expresar la preocupación por el peligro al que se enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuetzalan.

En dicha misiva se lamenta la apertura de una investigación penal en contra de Rufina Edith Villa Hernández, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez, Luis Enrique Fernández Lomelín, Leonardo Durán Olguín, Alfredo Guerreo Santos y Francisco Jiménez Pablo, pues también temen que puedan sufrir algún tipo de represalia.

Por ello, solicitan que todas las actividades se cumplan con las garantías de un juicio justo, como se consagran en el derecho internacional y que se sustenten en evidencias lícitas, para demostrar la responsabilidad penal individual de las personas procesadas.