Exigen restablecer vedas en cuencas hidrológicas

Pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, han presentado más de 35 amparos en 12 estados como Puebla, frente a los 10 decretos que eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas en el país, firmados por el presidente Enrique peña Nieto, el 5 de junio pasado, señalaron activistas de la Sierra Norte de Puebla.

Explicaron que los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos; incluso estos decretos dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas. "El agua es de quien la solicita primero", criticaron.

Exigieron que Peña Nieto vuelva a establecer las vedas y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución.

Este jueves 26 de julio en el marco de la Segunda Jornada Nacional de Acción por el Agua, se realizaron acciones frente a las oficinas que tiene en el país la Comisión Nacional del Agua, para protestar en contra de los abusos y la negligencia en el manejo del líquido nacional.

Se dieron informes de los más de 35 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (Cemda), el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), el colectivo de abogados Servicios para una Educación Alternativa (Educa), el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, entre otros.

Los inconformes cuestionan la legalidad y la constitucionalidad de los decretos firmados por Enrique Peña Nieto.

Los amparos se basan en que el "levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación. De esta manera se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del acceso equitativo, establecido en la reforma constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua".

"Se emitieron los Decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados Adicionalmente, el amparo presentado en la Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la Naturaleza, los cuales son reconocidos en esta entidad federativa", agregan los pobladores.