Pide Quezada renuncia de secretarios por linchamiento

Tanto el secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, deberían renunciar a sus cargos pues no han logrado tener una buena actuación ante los linchamientos en Puebla, opinó la diputada Socorro Quezada Tiempo.

El 29 de agosto, habitantes de Acatlán de Osorio lincharon a un adulto y a un joven a quienes acusaron de ser secuestradores; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) comunicó que no eran delincuentes sino campesinos.

Quezada Tiempo recordó que han ocurrido 14 casos, en los cuales, la población hace justicia por su propia mano y se desconoce las características de los protocolos establecidos por las autoridades.

Al parecer sólo sería una llamada telefónica hecha por el ayuntamiento en problemas a las autoridades estatales, de ahí la necesidad de tener una mejor respuesta ante este tipo de hechos, comentó Socorro Quezada Tiempo.

Consideró que sería inviable la intervención del Gobierno del Estado como ya ha ocurrido en Tehuacán, Chalchicomula de Sesma y San Martín Texmelucan, pues en realidad no se ha demostrado eficacia en estos sitios.

En entrevista por separado, la líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, manifestó que es necesario cambiar los protocolos de atención de la administración estatal ante los intentos de lapidación.

"Creo que se tienen que hacer algunas modificaciones en cuanto a los protocolos porque definitivamente es un síntoma de ingobernabilidad, lo cierto es que en los municipios la situación está muy complicada y luego con aquello de que son encuestadores y oyen secuestradores, la verdad creo que sí se tienen que modificar", expresó.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una recomendación el 17 de enero de 2018 al gobierno del Estado, para que reparara los daños provocados tras el linchamiento de encuestadores el 19 de octubre de 2015 en el municipio de Ajalpan, como parte de éste se pidió a la administración estatal inscribir a los familiares de los asesinados en el Registro Nacional de Víctimas.