El cabildo de Coronango, aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Entrega-Recepción en donde hizo observaciones por 143 millones de pesos, más lo que se pueda ir acumulando en las siguientes semanas aseveró el presidente municipal, Antonio Teutli Cuautle.

Acompañado por la tesorera Silvia Toxqui Fabian y el contralor Antonio López Espinosa, el edil destacó presuntas irregularidades en obra pública por cerca de 83 millones de pesos, así como la adquisición de vehículos -un marca Kia, una Suburban y una Pathfinder-, por tres millones de pesos los cuales no se encuentran y se tiene registro que la Suburban fue rematada de 1.8 millones de pesos que era su precio a 981 mil pesos y que se presume era utilizada por la ex presidenta municipal.

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Otras presuntas irregularidades detectadas por Antonio Teutli son que en los últimos cuatro días de la anterior administración se realizaron transferencias bancarias para el pago de 9 obras por un monto de 12.3 millones de pesos, de las cuales no se proporcionaron los expedientes de la obra que amparen dichas erogaciones.

Agrego que no es posible verificar el pago a personal durante la administración 2014-2018 debido a que no hay recibos de nómina ni CFDI. El gobierno anterior manifestó que había 233 empleados en plantilla de los cuales sólo se proporcionaron 50 expedientes, por lo que el resto no se tiene manera de comprobar el pago que recibían o si en verdad existían dichas personas, además de que no hay expedientes de regidores y directores.

La Comisión del Proceso de Entrega-Recepción no recibió los padrones de contribuyentes de predial, giros comerciales, servicio de agua. Tras buscarse se encontraron de los últimos dos, pero sin la información suficiente que hiciera posible su identificación.

Antonio Teutli detalló que tras el exhaustivo trabajo por parte de los integrantes de la Comisión del proceso de Entrega-Recepción no hay evidencia comprobatoria de 1.3 millones de pesos para el pago de servicios legales, contabilidad, auditoria y relacionados. No hay comprobación de 3.1 millones de pesos de la cuenta de ayudas sociales, a instituciones sin fines de lucro y a personas, es decir, donaciones.

En el DIF no se encontró evidencias de bases de datos sobre beneficiarios en atención médica, psicológica, jurídica y entrega de despensas y estancia de día. Se detectó la manipulación de diversos trámites catastrales y no se entregó relación detallada de altas de los fraccionamientos.