Ante la dirección del Órgano Interno de Control de la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, se presentó una queja en contra de María Gabriela García Baltazar, agente del Ministerio Público investigador en delitos patrimoniales y financieros de la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, entre otros.

Citando el documento en poder del reportero, fue Adrián González Escobar quien promovió la queja, misma que se suma al recurso interpuesto por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, y quedó asentada en el expediente 732. También pesa la denuncia penal presentada contra la funcionaria por los hechos que ocurrieron el pasado 26 de febrero del año en curso.

Antecedentes

El pasado 30 de enero, cuando el abogado González Escobar acudió en su carácter de defensor a darle seguimiento a lo contemplado en la carpeta de investigación 17269/2017/ZC, solicitó a la denunciada copias de la misma; en respuesta le notificaron que ella lo recibiría el día 26 de febrero, al mediodía.

El abogado acudió a la cita, María Gabriela García le negó la información. Luego de 40 minutos, se entregó un documento en el que le pedía que se identificara, lo que hizo través de su credencial para votar.

 Al firmar el documento, anotó que no se le permitió al acceso a la carpeta de investigación y que no le habían entregado las copias solicitadas, lo que molestó a la funcionaria, quien amagó con no entregar la notificación por la que había estado esperando y le retuvo la identificación.

Tras considerar que se trataba de abuso de confianza, el afectado empezó a grabar los hechos. Algunos oficiales solicitaron que borrara el video y ante su negativa lo retuvieron en el lugar y lo obligaron a bajar al sótano en calidad de detenido. Luego de casi dos horas, lo sacaron de la fiscalía esposado para abordar una patrulla con placas de circulación UBF 68-21.

Minutos después, llegó la jefa de la denunciada, Alejandra Odette Flores Ventura, directora general de Ministerios Públicos de la Fiscalía General Metropolitana, quien se identificó como coordinadora de Unidades de Investigación, y pidió la libertad del abogado, toda vez que no había ningún delito ni falta administrativa que perseguir. Se disculpó por el actuar de la ministerial y anticipó que tomaría las acciones correspondientes.