Al menos siete organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección de derechos humanos y diversas causas sociales, urgieron al gobierno de Puebla implementar los resolutivos de la alerta de violencia de género contra las mujeres declarada por la Secretaría de gobernación insistieron en que se necesita un mecanismo institucional en el que participen las organizaciones y personas expertas en investigación criminal, feminicidio y desaparición de personas.

A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron que la violencia de género y feminicida que han cobrado cientos de víctimas en la entidad ocurrieron sin que se haya establecido, de forma oficiosa, mecanismos adecuados y suficientes para prevenir, atender, sancionar y reparar integralmente el daño, en la mayoría de los casos.

Citando diversas fuentes y registros, advirtieron que – desde 2015 a la fecha – los feminicidios supera las 300 víctimas, por lo que "es impostergable conocer la verdad histórica de cada una de las muertes violentas y los feminicidios, sobre todo, porque ha persistido un patrón de impunidad al emitirse únicamente 20 sentencias condenatorias en este periodo", señalaron las organizaciones. Se desmantela la Con esta declaratoria de alerta de violencia de género, discrecionalidad que operaba frente a la acumulación de recomendaciones y medios parcialmente cumplidos en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de la comisión de delitos conexos con los feminicidios, como las desapariciones y la violencia sexual que, diversas organizaciones y organismos peticionarios habían referido en su momento.

Destacaron que esta declaratoria emitido por la Secretaría de gobernación, mediante el oficio número CNPEVM/198 2019, con fecha 8 de abril psado, establece cumplir las medidas de prevención, seguridad y justicia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, así como adoptar acciones institucionales de emergencia, para proteger y garantizar la seguridad y vidas de las mujeres y niñas, conforme a los altos estándares de derechos humanos.

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Recordó que, al respecto, el gobierno del Estado de Puebla hizo pública la aceptación de la notificación de dicha declaratoria, dos días después, para fuente expresiones como feminicidio, desaparición, trato y violencia sexual.

Frente a este compromiso, las siete organizaciones exigieron dar cumplimiento a cada uno de los resolutivos emitidos conforme a los altos estándares de derechos humanos que protegen y garantizan la vida integridad de las mujeres; que, en el marco de la transparencia y el derecho de acceso a la información, se hagan públicas cada una de las medidas adoptadas para dar cumplimiento la declaración de violencia de género emitida por la Secretaría de gobernación.

También que el grupo interinstitucional y multidisciplinario actúe con la debida transparencia en cada una de las acciones para dar seguimiento, monitoreo y evaluación al proceso y la declaratoria.

Y, por último, que se acaten, en su totalidad, las recomendaciones y medidas específicas decretadas por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud, toda vez que su cumplimiento abona las medidas de prevención, seguridad y justicia reiteradas en los resolutivos, sobre todo, con la intención de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género contra las mujeres.

Manifestaron su extrañamiento sobre la resolución la cual acumula seis solicitudes realizadas entre 2016 y 2019, sin considerar la especifidad y el tratamiento que debe darse a las diversas violencias de las que son víctimas las mujeres poblanas.

Esta misión, según lo difundido, evidencia que más que tener las problemáticas de manera particular, las autoridades ponderan la operatividad antes que actuar, a fin de erradicar de manera estructura las prácticas que acaban con la vida de las mujeres.

Frente este hecho, las organizaciones están analizando procedente de que los derechos de las mujeres sean respetados y garantizados y pidieron ser convocadas de manera urgente la mesa de instalación para dar seguimiento esta alerta, en donde participen todas las asociaciones con voz y voto, para trabajar en el plan integral que el gobierno de Puebla lleve a cabo para cumplir esas medidas de seguridad, justicia y prevención.

Firman las asociaciones civiles: Academia, litigio estratégico e incidencia en derechos humanos; Centro de análisis formación e iniciativa social; El taller, Centro de sensibilización educación humana; Instituto de derechos humanos Ignacio Ellacuría, de la universidad iberoamericana Puebla; Justicia pro persona; Observatorio ciudadano de derechos sexuales y reproductivos; Observatorio ciudadano nacional de feminicidio.