La alcaldesa señaló que existieron muchas reuniones con los dueños de las queserías y se les informó sobre su situación, por lo que de no instalar sus respectivas plantas podría hacerse acreedores a sanciones, todas apegadas a la ley. Cada planta de tratamiento tiene un costo aproximado de 300 mil pesos. La edil consideró como una inversión el gasto que deben realizar los dueños de las queserías, pues son uno de los sectores que más ingresos aportan y obtienen en el municipio.

Al poner en marcha la planta tratadora del rastro municipal, señaló que se trata de la primera planta en un rastro en todo el estado, con lo que se da cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).