Organizaciones reprueban construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1

12 organizaciones que conforman MAPDER reprobaron que siga en pie la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1

12 organizaciones que conforman el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), reprobaron la decisión del Juez, Miguel Arroyo Herrera, por favorecer a los intereses económicos de grandes empresas como Walmart, Suburbia, Vips, Waldos violentando los derechos del pueblo totonaco en beneficio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Sobre la sentencia, emitida el pasado viernes 11 de octubre, los miembros del Mapder, en reunión nacional convocada ante el riesgo de que se profundice la criminalización a defensores totonacos de la sierra norte de Puebla en defensa del río Ajajalpan y su territorio contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, señalaron que es sumamente grave que el Juez Arroyo haya decidido negar el reconocimiento a las comunidades totonacas quejosas de sus derechos a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al consentimiento, al agua y al medio ambiente sano, avalando el argumento de que es un proyecto de utilidad pública.

Así, para esta organización, esta decisión valida la simulación de consulta coordinada por la Secretaría de Energía en el año 2015, hecho denunciado por las comunidades totonacas en su momento. Según el juez, el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende desarrollar la empresa Deselec 1, filial de Comexhidro, no causará afectación alguna a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje oficial de biología e impacto ambiental elaborado por PGR.

Señalaron que la hidroeléctrica, junto con sus dos embalses y una cortina de 45 metros de altura, tendría impactos irreversibles en el medio ambiente tales como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos así como deforestación por la remoción de vegetación forestal.

“Es inaceptable que en su sentencia el Juez omita analizar las afectaciones señaladas en dicho peritaje, retomando únicamente, la información ofrecida por la empresa y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos”, señaló este movimiento nacional.

Continuó: Son sólidos y abundantes los estudios científicos que demuestran los graves impactos sociales y ambientales que las grandes represas provocan y los cuáles organizaciones especializadas como la Comisión Mundial de Represas y la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) han informado.

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MAPDER denunció que el proceso legal estuvo lleno de irregularidades tales como la presentación de documentos por parte de terceros interesados con nombres de personas muertas, firmas falsificadas y entregadas al juez federal avalando la aceptación del proyecto sin el conocimiento de los firmantes. Expedientes perdidos en el juzgado y una actitud irrespetuosa y discriminatoria del juez cuando representantes de las comunidades fueron a exponerle su caso, descalificando sus conocimientos y preocupaciones sin ofrecerles siquiera sentarse durante la reunión. Descalificaciones del juez hacia las organizaciones que acompañaron el proceso evidenciaron que su posición nunca fue imparcial.
“La sentencia dictada por el juez Arroyo eleva el riesgo de que se profundice la criminalización hacia los defensores y defensoras del río Ajajalpan de las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla y de que se profundice la división comunitaria, estrategia que la empresa Comexhidro, acusada de violar derechos humanos cuando pretendía desarrollar el proyecto Cerro de Oro en Oaxaca, ha promovido en las comunidades, además de cometer abusos como la compra de terrenos en San Mateo Tlacotepec pagando 70 centavos por metro cuadrado de terreno”, acusó Mapder.
También hubo denuncia a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por haber otorgado una concesión de agua a la empresa Deselec 1 Comexhidro por 11 mil litros de agua por segundo, violentando con ello el derecho al agua de las comunidades campesinas indígenas.
Por último, responsabilizaron al Poder Judicial de las consecuencias de su decisión y exigieron a los gobiernos municipales de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, así como al gobernador del Estado de Puebla, proteger la seguridad y las vidas de los defensores y defensoras del río Ajajalpan.
Por Puebla firmó el Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio y Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi; otras de las organizaciones firmantes están: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Guerrero; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa de Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambienta (LA VIDA) y Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), Veracruz; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco.

También por el Consejo Indígena Nayerhi, Nayarit; Grupo Ecológico Manglar, A.C.; Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), así como Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA)