Sacan a familias de área de riesgo en Chiautla

Cerca de cien elementos estatales llegaron al lugar; el ingeniero Arnulfo Domínguez se comprometió a la reparación de los daños

Sacan a familias de área de riesgo en Chiautla
Twitter | Los afectados no fueron escuchados por el juez Sacan a familias de área de riesgo en Chiautla

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Elementos de Seguridad Pública del Estado intentaron desalojar a familias que habitan en la colonia El Capire, en el municipio de Chiautla de Tapia, por órdenes de un juez de lo civil, quien argumentó que la instrucción fue girada por autoridades estatales.

Testigos del lugar afirmaron que cerca de 100 elementos estatales, junto con dos retroexcavadoras, llegaron a la colonia y les indicaron a las familias de la zona que deberían dejar sus domicilios; sin embargo, la mayoría de los colonos señalaron que ellos compraron de manera legal los terrenos en donde viven.

Los afectados no fueron escuchados por el juez Víctor Abraham Silva, quien prosiguió con el derrumbe de tres viviendas, mientras que los elementos amedrentaban con sus armas largas a los testigos.

Cuando estaban por derribar la cuarta casa, los colonos se organizaron y lograron evitar que continuaran con la destrucción.

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Después de varios minutos de diálogo y de protesta por parte de los vecinos, exigieron el retiro de la policía y del juez.

Los afectados señalaron que la policía defiende a la delincuencia y reprime a los pobres, y “obedecen a los intereses de los poderosos y atropellan los derechos de los ciudadanos”.

Al lugar llegó el ingeniero Arnulfo Domínguez Espinoza, quien se identificó como coordinador regional de Gobernación estatal en la Mixteca, y señaló que el gobierno del estado de Puebla no tenía que ver con el intento de desalojo, por lo que ofreció todas las garantías por parte del gobierno estatal en cuanto a la reparación de los daños.

Hasta el cierre de la edición no fue presentado ningún documento autorizado por el municipio de Chiautla de Tapia o por el estado para la ejecución de las acciones de desalojo, por lo que los afectados exigen a las autoridades la reparación total de los daños causados y la destitución del juez que los ocasionó.

Responsabilizaron al mismo de cualquier agresión de la que puedan ser objeto en el futuro.