Intentan sobornar a indígenas por proyecto minero en Tecoltemic, Ixtacamaxtitlán

Los citaron con el pretexto de gestionar proyectos, en realidad se trataba de un soborno para cesar litigio contra las concesiones mineras.

Daniel Santamaría y Rusbelt Vázquez, Vicepresidente y Administrador respectivamente, de Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, intentaron sobornar a tres indígenas de la comunidad de Tecoltemic, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, ofreciéndoles hasta 35 puestos de trabajo, por 14 años, así como financiamiento para un proyecto productivo, según denunciaron las tres organizaciones sociales no gubernamentales que se oponen a ese proyecto minero.

 

Antecedentes

En abril de 2015, la comunidad de Tecoltemi, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), inició juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado sobre su territorio dos concesiones mineras (“Cerro Grande” y “Cerro Grande 2”) sin consulta ni consentimiento.

La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley Minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución. El 11 de abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla dictó sentencia favorable a Tecoltemi, reconociendo no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las concesiones mineras “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.

La Ley Minera no fue analizada en la lógica planteada por la comunidad. La sentencia fue impugnada por todas las partes en el juicio, por lo que se encuentra actualmente en revisión ante un tribunal de mayor jerarquía.

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Soborno

Acorde a lo que acusaron, el martes 24 de marzo de 2020, tres integrantes de la comunidad de Tecoltemi –entre los que se encontraba el Presidente del Comisariado Ejidal–, acudieron a la ciudad de Apizaco, en el estado de Tlaxcala, bajo el entendido que tendrían una reunión relacionada con proyectos productivos necesarios para la comunidad, citados ahí por el señor Gilberto Gutiérrez Márquez, conocido de la comunidad, quien una semana atrás había visitado Tecoltemi para ofrecer la gestión de dichos proyectos.

Sin embargo, tras su arribo a la ciudad, se les pidió ir a un restaurante, donde ya les esperaban el vicepresidente y el administrador de la minera que pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio. Expresamente pidieron – a los indígenas – “destrabar” el juicio de amparo que la comunidad tiene interpuesto, desde 2015, en contra de las concesiones mineras sobre las cuales Almaden pretende implementar su proyecto, ofreciendo a cambio 20 empleos sólo para Tecoltemi.

Ante la imposibilidad de convencerles, subieron su ofrecimiento a 30 o 35 puestos durante los 14 años que dure la explotación. Además, aseguraron que la minera pondría el dinero necesario para que la comunidad pueda implementar el proyecto productivo propuesto por Gilberto Gutiérrez.

La Comunidad y Ejido de Tecoltemi, además de las organizaciones que acompañan a Tecoltemi en el litigio contra las concesiones mineras, condenaron el actuar de Almaden Minerals; incluyendo la utilización de una persona conocida de la comunidad para intentar sobornar a las autoridades ejidales para generar división comunitaria en beneficio de la empresa.

"Condenamos el uso de este tipo de prácticas empresariales que buscan inhibir las acciones de defensa, y exigimos respeto a la decisión de Tecoltemi y del resto de las comunidades de Ixtacamaxtitlán que le apoyan, de defender su territorio ante la imposición de unas concesiones y un proyecto minero que violan sus derechos y que comprometen el agua y la salud de la población", se pronunciaron las organizaciones.

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