Movilizaciones e impugnaciones ya son preparadas por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz), como reacción a la sentencia emitida el pasado viernes por el juez Mario Ortiz Aldana, en la que liberó a tres implicados en la desaparición forzada del activista Sergio Rivera Hernández; mientras tanto, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la subsecretaría Federal de derechos humanos externaron su preocupación ante esta extraña decisión.

De acuerdo a la entrevista con miembros de Maíz, organización en la que se desempeñó el activismo de Sergio Rivera Hernández, la decisión fue extraña desde el principio, porque mostraba actitudes racistas y discriminatorias contra los testigos que habían señalado directamente a los imputados como los responsables de la desaparición de su compañero de causa; estaban seguros que serían respetadas las pruebas y demás evidencias que mostraron para que pudieran ser vinculados a proceso y, de manera inesperada, la madrugada del viernes fueron liberados, por lo que ya preparan movilizaciones y la continuidad de la estrategia legal. Eso sí, exigieron la destitución del juez.

Reacciones

La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB); la Fiscalía General de la República (FGR); la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Consultivo Ciudadano, externaron su preocupación por la sentencia absolutoria dictada por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Sur-Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, a favor de los implicados de la desaparición del defensor de derechos humanos en Puebla, Sergio Rivera.

Se sabe que Sergio, en conjunto con otros líderes indígenas, encabezaba el movimiento de comunidades indígenas en la Sierra Negra de Puebla, y a consecuencia de su activismo y defensa de los derechos humanos, fue víctima de desaparición el 23 de agosto de 2018, motivo por el cual el Mecanismo intervino para desplegar medidas de protección a favor de su familia.

Maíz se sumó al llamado de las organizaciones de la sociedad civil para que la instancia competente, se asegure de que la sentencia no viole derechos de las víctimas al acceso a la justicia y trato justo, al resarcimiento de los daños, a una indemnización y a la asistencia material, médica, psicológica y social, que corresponde.

Incluso, el subsecretario federal de Derechos Humanos, Probación y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, externó su preocupación por el fallo e hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que la instancia que le competa, reconsideren la sentencia.