| El GIEI espera que los hallazgos y líneas de investigación propuestas fortalezcan el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad Agencias Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas en México, revelaron las recomendaciones que hicieron a la fiscalía mexicana, entre ellas la de “cambiar la narrativa” del caso como “la verdad histórica” proclamada en enero de 2015 por el entonces procurador general Jesús Murillo. Los expertos divulgaron en un comunicado las sugerencias que entregaron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Arely Gómez, “para dar continuidad al trabajo de investigación del caso”. De acuerdo con esa versión, los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula. Sin embargo, las pesquisas del GIEI, cuya labor en el país terminó en abril al cabo de 14 meses, indicaron que no había evidencias científicas que confirmaran que los 43 jóvenes fueron quemados en el basurero. Esa conclusión fue secundada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también colaboró en la investigación a solicitud de los familiares de las víctimas. “En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto las motivaciones de los normalistas como el desarrollo de los hechos y la falta de claridad sobre el destino” de los estudiantes, indicó el GIEI en sus recomendaciones. De acuerdo con el grupo, “la narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, los cuales señalan que no puede responderse a esa pregunta (el destino de los estudiantes) y que aseguran que se necesitarían nuevos estudios experimentales”. Asimismo, consideró necesario “investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales”. Entre tales delitos citó desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes. También indicó que las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse, puesto que los estudiantes siguen desaparecidos. “Mientras no se esclarezcan los hechos y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar”, apuntó el GIEI. Sostuvieron que es necesario investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales. “La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales”, enfatizaron. Destacaron la necesidad de agotar todas las declaraciones testimoniales que se solicitaron y que aún no se han realizado, entre ellas las de las autoridades políticas del estado de Guerrero que se encontraban en funciones la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; tanto el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal. “Deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe Ayotzinapa II”, recomendaron. |
