Este domingo la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo vinculación a proceso contra Luis “V”, por su presunta participación en la llamada “Estafa maestra”.

Se le imputa su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la modalidad de encubrir o pretender encubrir.

La FGR acusó a Luis “V” de recibir seis millones de pesos, en su carácter de socio de una empresa inmobiliaria, provenientes del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que se le relaciona con la llamada Estafa Maestra.

En dicho caso, hasta ahora la principal detenida es Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo a la investigación, el dinero recibido por Luis “V” fue dispersado mediante la simulación del Convenio de Coordinación sin número, signado el 1 de septiembre de 2014.

A través de ese convenio se transfirieron recursos a una universidad de Morelos, la cual subcontrató otros servicios con otro grupo industrial al que finalmente transfirió una parte de lo revivido a la inmobiliaria donde Luis V era socio.

Por lo anterior, el 31 de octubre de este año el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, libró orden de aprehensión en contra de Luis Antonio “V”.

Dicha orden fue cumplimentada en Monterrey, Nuevo León el 8 de noviembre, a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Ayer, 14 de noviembre, en continuación de la audiencia inicial celebrada a través de videoconferencia, el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, resolvió la vinculación a proceso del detenido.

A la vez que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1, El Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, con un plazo máximo de tres meses para realizar la investigación complementaria.

Con información de El financiero