Asociaciones de industria y comercio de México como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el acuerdo con el Gobierno federal para regular la operación del outsourcing.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones aseguraron que la iniciativa del Ejecutivo que pretende acabar con este esquema, la subcontratación, “atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas”.

Según la Canacintra, CNA y Coparmex la aprobación del acuerdo, respecto al outsourcing, en sus términos actuales dañaría seriamente la competitividad del país y ocasionaría el cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada

Además, se mostraron en contra de la “estigmatización” de los empresarios como agentes que incumplen sus obligaciones fiscales y laborales.

Las asociaciones afirman que la responsabilidad de la proliferación de de “actividades irregulares” es de las autoridades, por la falta de supervisión adecuada.

Algunos de estos supuestos culpables, por omisión, son: el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, afirmaron en el comunicado.

En la conclusión de la misiva, las tres organizaciones aseguran estar a favor de las prácticas legales que favorecen el empleo, además de mantenerse abiertas al diálogo con el Gobierno federal y las Cámaras de Senadores y Diputados.

También dejaron en claro que apoyarán la discusión en torno al tema para lograr una ley que priorice su posición en este tema: regulación sí, prohibición no, pues la subcontratación es una actividad lícita y conveniente.

“Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos”, concluyeron.